Fernández Mañueco ha asegurado que el compromiso de la Junta de Castilla y León seguirá estando con el apoyo al empleo de las personas con discapacidad también durante la reconstrucción económica. Así se lo ha trasladado durante una videoconferencia a responsables de Ilunion, del Grupo Social ONCE, cuya labor como generadores de empleo, especialmente para personas con discapacidad, también será fundamental para el impulso de la recuperación económica.
En este sentido, el presidente de la Junta ha recordado que la actual situación ha obligado a tomar medidas duras que han puesto en un gran aprieto a la sociedad, las familias, empresarios, autónomos y trabajadores. Por ello, ha agradecido el esfuerzo de muchas empresas para adaptarse, con medidas de seguridad, potenciando el teletrabajo y reorganizando el trabajo, así como de entidades como Ilunion, que han ofrecido su ayuda a las administraciones y a la sociedad para hacer frente a la crisis (con plazas hoteleras para sanitarios, con lavanderías industriales…) .
Entre las medidas para la recuperación económica ya puestas en marcha por la Junta de Castilla y León, en el marco del Diálogo Social, Fernández Mañueco ha destacado las destinadas a la liquidez y crédito; el aplazamiento de impuestos autonómicos; las líneas de ayudas a pymes, micropymes, autónomos, trabajadores y desempleados. Asimismo, ha garantizado que la Junta sigue trabajando para impulsar medidas adecuadas a la evolución de la crisis y para la recuperación económica.
Medidas sociales
En cuanto a las medidas sociales, la Junta de Castilla y León ha reforzado los servicios de atención a colectivos más vulnerables, a través de la Red de Protección a las Familias en colaboración con las entidades locales; ha facilitado el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y trabaja para mejorar también el modelo de residencias desde el consenso, para lo que se contará con todos los agentes implicados, entre ellos la ONCE a través de Cermi para su elaboración.
Además, se está trabajando en dos nuevas líneas: ultimar el decreto de concertación social, que establecerá preferencias con criterios sociales en las contrataciones de las administraciones de Castilla y León. Y, en segundo lugar, el plan de atención de personas con discapacidad que habrá que elaborar en el año 2021, centrado especialmente en temas de accesibilidad.
