Los datos de la encuesta presentados por CSIF, ayer 23 de marzo, y que forman parte del informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, ponen de manifiesto que el 43% de los docentes de Castilla y León que han respondido han sufrido alguna agresión. El total de esas agresiones van desde el acoso en redes (3,7%) e incluso físicas (11,4%), hasta las mucho más comunes de faltas de respeto por parte del alumnado (30,1%) o la agresión verbal (53%). Esto desemboca en que el 66,4% del profesorado de la Comunidad no se sienta reconocido social y profesionalmente, mientras que no llegan al 19% los docentes que perciben el apoyo de las familias.
La encuesta, que se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial, ha puesto de manifiesto en Castilla y León que el 47,3% del profesorado no siente el respaldo de la Administración en estas situaciones de agresiones, y lo que es todavía más preocupante, una inmensa mayoría (el 97,1%) considera que los protocolos son inútiles o totalmente insuficientes, lo que genera inseguridad y sensación de desprotección por el cada vez menor reconocimiento a su autoridad. Precisamente, el profesorado de esta Comunidad ha sido el segundo con mayor participación (más del 12%) en esta encuesta nacional que ha obtenido más de 7.500 respuestas.
En la encuesta, el profesorado, tanto nacional como castellano y leonés reivindica por orden de prioridad: el refuerzo de la autoridad, la reducción de ratios, el incremento de plantillas en atención a la diversidad, homologación salarial con otras CC.AA., así como la reducción de la burocracia y del horario lectivo. Además, el rechazo a la burocracia excesiva es casi unánime, con un 98% de los docentes que consideran que la carga burocrática es desproporcionada y perjudica el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
El sector de educación CSIF Castilla y León denuncia un escenario que no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado a la calidad de la educación pública. Por lo tanto, es necesario que las administraciones atiendan las reivindicaciones del profesorado prestigiando y apoyando la labor docente.
