El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las Comunidades Autónomas (CCAA) valorarán este lunes 22 de junio el informe sexenal elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías --que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar-- y también el promovido por Galicia, que dice lo contrario, según han señalado a Europa Press fuentes de Transición Ecológica.
La Unión Europea (UE) requiere a cada Estado la realización de informes sexenales para revisar la aplicación de normativas ambientales clave y el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Por ejemplo, el lobo, que se enmarca dentro de la Directiva Hábitats.
El Gobierno tenía hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentarlo. A finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haberlo remitido. A mediados del pasado mes de febrero, Transición Ecológica pidió una actualización de los datos del censo de lobos a las CCAA tras la oleada de incendios de agosto de 2025 y de las extracciones llevadas a cabo a nivel autonómico en los últimos meses. Según explican fuentes del Ministerio, las CCAA no enviaron datos revisados tras los incendios.
En mayo, el Ministerio expuso a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye entre otros documentos el censo. Al igual que adelantaron fuentes del organismo el verano pasado, el texto volvía a señalar que hay 333 manadas de lobos en España, cifra por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable.
Según señalado fuentes del organismo el verano pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024 señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.
El mes pasado, fuentes de Transición Ecológica señalaron en declaraciones a Europa Press que el informe se expuso a información pública "a petición de varias organizaciones". "El proceso que ha explicado (el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo) Morán es: 1. Apertura de información pública (ya en marcha hasta el 27 de mayo). 2. Recepción de alegaciones e informes científicos. 3. Convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 4. Aprobación del informe sexenal y eventual envío a Bruselas", precisaron.
A su vez, también sacó a información pública el documento promovido por Galicia y aprobado el verano pasado en una reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este es el que algunas CCAA esperan que se apruebe. A juicio del Departamento de la vicepresidenta tercera y ministra del ramo Sara Aagesen, el texto es "la valoración unilateral de las CCAA, sin validación científica alguna".
En un documento de observaciones, el Ministerio indicaba que la "ficha" de las CCAA "no refleja los datos científicos ni técnicos de la ficha originalmente elaborada por el equipo del MITECO encargado de ello". Además, señalaba que no se ciñe "estrictamente" a los criterios marcados por la Comisión Europea. En opinión de Transición Ecológica, los datos que contiene "adolecen de justificación científica".
CCAA CRITICAN QUE EL GOBIERNO HAYA "DILATADO" EL PROCESO
Aunque la protección del lobo lleva suscitando polémica desde que el Gobierno lo incluyó en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), los choques entre las CCAA y el Ejecutivo central se han intensificado desde que el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2025 la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Las autonomías y Transición Ecológica han mantenido varias reuniones y se han intercambiado varias comunicaciones al respecto durante los últimos meses. Por un lado, las CCAA, en especial las 'loberas' (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria), defienden poner en marcha 'controles letales' de la especie ante el "aumento" de los ataques que dicen que se ha registrado.
Por su parte, MITECO sostiene una posición apoyada por las organizaciones ecologistas --y basada "en la ciencia", como ha recalcado el organismo y las ONG en diversas ocasiones--: que la especie no ha alcanzado el número mínimo ni tiene la diversidad necesaria para tener un estado de conservación variable y que por lo tanto, "no puede haber controles letales".
La Ley de Desperdicio Alimentario incluye varias disposiciones en referencia que en la práctica permiten la caza de la especie y que han sido llevadas por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional (TC), que aún no se ha pronunciado al respecto.
Una de ellas indica entre otras cosas que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobará informes sexenales como el de la evolución del estado de conservación del lobo a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad antes de enviarlos a la Unión Europea (UE).
Según comentaron en ese momento fuentes autonómicas a Europa Press, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación durante una reunión en esta Comisión del informe elaborado por las cuatro CCAA 'loberas', cada una con sus propios datos.
Este texto recibió el apoyo de todas las autonomías excepto Melilla, "que no estaba conectada" a la reunión, y Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que se abstuvieron. Sin embargo, Transición Ecológica desconvocó la Conferencia Sectorial donde se iba a debatir, entre otras cuestiones, la propuesta de aprobación del informe como paso previo a su envío a Bruselas.
Lo hizo en atención a la petición efectuada por asociaciones que presentaron las quejas ante el Defensor del Pueblo que motivaron que la institución llevara ciertas disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario al TC. Desde entonces, algunas CCAA señalan que el Gobierno "ha estado dilatando el proceso" de aprobación del informe, "abriendo periodos de alegaciones que no vienen recogidos en ninguna norma".
Desde su punto de vista, fuentes conocedoras de la reunión del lunes opinan que lo que el Ejecutivo pretende es enviar a la UE el informe que contenga estas alegaciones presentadas por los diferentes grupos ecologistas.
"CRECIENTE PRESIÓN POLÍTICA PARA REBAJAR LA PROTECCIÓN DEL LOBO"
De forma paralela, Ecologistas en Acción y WWF --dos organizaciones presentes en diversas batallas judiciales contra los 'controles letales' autonómicos de la especie-- han exigido que el estado de conservación del lobo sea considerado como 'no favorable' en el texto que se envíe a Bruselas.
En concreto, Ecologistas ha reclamado que cualquier evaluación de la especie se base "exclusivamente" en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y que esté "alejada de intereses partidistas y de sectores económicos, como pretenden algunas CCAA".
Por su parte, WWF ha alertado sobre la "creciente presión política" para rebajar la protección del lobo y ha pedido a las autonomías que respalden la evidencia científica disponible sobre su estado de conservación y que "asuman sus responsabilidades" en la gestión de la especie.
