CCOO y UGT en Castilla y León han afirmado que “la Junta de Castilla y León no tiene nada que celebrar”, porque el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la existencia de actuaciones contrarias al Derecho y a la Carta Social Europea, que denunciaron ambas organizaciones en junio de 2023.
Estas añaden que, en realidad, el informe de 2026 de dicho organismo señala que en la actualidad "no existe vulneración de estos derechos porque las irregularidades ya fueron corregidas una vez se disolvió el gobierno PP-Vox en el verano de 2024".
Así lo indican al referirse al punto 49 del dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en el que se constata, en su página 14, que “el Comité observa que, como se ha expuesto anteriormente, las acciones y omisiones impugnadas del Gobierno Regional, que interfirieron en los mecanismo existentes del Diálogo Social en Castilla, fueron declaradas ilegales por los tribunales nacionales o repudiadas tras la toma de posesión del nuevo Gobierno Regional y que, como resultado, el Diálogo Social ha sido plenamente restablecido”.
Desde UGT y CCOO abundan en el hecho de que el Comité “también toma nota” de la alegación de ambas organizaciones de que las “acciones y omisiones impugnadas han provocado un deterioro duradero de los mecanismos del Diálogo Social en Castilla y León, a pesar de las medidas correctoras”. Y es que, desde el Comité se reconocen como hechos problemáticos el cierre del SERLA o la retirada de financiación para el desarrollo de programas reconocidos en el Diálogo Social.
En definitiva, desde las secretarías generales de CCOO y UGT en Castilla y León consideran que el dictamen del CEDS les ha respaldado en su reclamación porque "reconoce la existencia de actuaciones ilegales por parte de la Junta de Castilla y León, que posteriormente se corrigieron".
Por último, han recordado que ambos sindicatos son “acérrimos defensores” del Diálogo Social en Castilla y León, por lo que tiene de positivo tanto para las personas trabajadoras como para el conjunto de ciudadanía, y por lo tanto “no van a consentir ningún incumplimiento de la legalidad” por parte del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León porque, de ser así, “nos veremos en los tribunales”, han sentenciado Óscar Lobo San Juan y Ana Fernández de los Muros.
Para ambos dirigentes, la línea a seguir es la que emana del informe adoptado por el CEDS y han concluido “mostrando su mano tendida para abundar en la concertación y entendimiento con el nuevo gobierno autonómico”.
