El IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2023-2026 marca diez países en África y Centroamérica como prioritarios en el destino de la ayuda oficial humanitaria de Castilla y León, sin que ello sea excluyente con otros posibles receptores, y ratifica el compromiso, en sus objetivos y líneas estratégicas de trabajo, con los retos de la Agenda 2030.
La Consejería de la Presidencia ha redactado este nuevo plan, que se asienta en la ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León y que somete ahora a las aportaciones en el Portal del Gobierno Abierto, en un escenario marcado por la crisis del COVID 19 y la guerra en Ucrania, “que ha generado un enorme impacto en los países más vulnerables”.
En el documento, consultado por Ical, se califica de “imprescindible” que en la definición de las prioridades estratégicas de la política de cooperación para el desarrollo se tenga en cuenta el impacto económico y social derivado de la pandemia y también el conflicto armado en Ucrania en los países más empobrecidos.
En concreto, los países prioritarios, incorporados por consenso con los agentes de la ayuda humanitaria, son Burkina Faso, Mozambique, Senegal, Tanzania, Mali y Guinea Bissau, en África; y Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Hondura, en Centroamérica. Respecto del anterior plan, el Salvador, Honduras, Guinea Bissau y Malí son de nueva incorporación y salen del mismo Perú, India y Bolivia.
De nuevo, se incide en sus enfoques de derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales, en el impacto de género -mujer e infancia- y en la sostenibilidad ambiental. Todas las acciones estarán vinculadas a los objetivos, metas y programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisa el documento.
“Por tanto, la Acción Humanitaria de Castilla y León, en sus prioridades y líneas estratégicas de trabajo, también contribuirá a los retos de la Agenda 2030 en países afectados por crisis humanitarias”, recoge textualmente el plan director consultado por Ical, lo que choca con su socio de Vox, que desprecia este documento global por considerarle un peligro a “la soberanía plena” de España.
Así, este plan director velará por los derechos humanos a la alimentación adecuada, agua potable y saneamiento, educación, salud, vivienda adecuada y digna, centrados en los principios de humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad y atención a las necesidades de las personas.
Precisamente, la cooperación al desarrollo es uno de los programas que más crece en los presupuestos presentados por la Consejería de la Presidencia para 2023. El departamento de Jesús Julio Carnero consigna más de seis millones, un 25 por ciento más que en 2021. De ellos, 525.000 euros (156 por ciento más) se prevén a acciones humanitarias; 4,2 millones a cooperación económica no reembolsables y otros 827.750 euros (63,43 por ciento más) a acciones de sensibilización.
Balance del III Plan
Como consta en el plan, África subsahariana canalizó en los últimos años el 47,60 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Castilla y León, donde destaca Senegal y Tanzania, con el 33,05 y el 26 por ciento, respectivamente, en el periodo de ejecución 2017-2020.
No obstante, países como Burkina Faso y Mozambique se han consolidado como países objeto de intervención multiplicando por 21 y por 4 el volumen recibido en los últimos 4 años, al movilizar el 17,23 por ciento y 16,21 por ciento. Asimismo, destaca “la notable reducción” de las intervenciones dirigidas a Kenia, que ha pasado de ser un país de referencia en la cooperación castellana y leonesa, a haber canalizado una única intervención en este periodo.
En el ámbito sectorial, Derechos Humanos tiene un peso equilibrado y absorbe casi el 90 por ciento de las ayudas, con el 30,66 por ciento en el acceso al agua potable y saneamiento, el 27,67 por ciento a la alimentación adecuada y el 27,09 por ciento a la educación.
Sin embargo, el derecho humano a la vivienda digna representó el 1,1 por ciento y el derecho humano a un nivel de vida adecuado y medios de vida con el 3,65 por ciento ha tenido un peso casi testimonial. Por último, señala este plan, en su balance, que el derecho humano a la salud ha canalizado únicamente el 9,83 por ciento.
En concreto, 17.550 de titulares de derechos, de los cuales 9.398 son mujeres, han visto garantizada una alimentación suficiente, adecuada y de calidad con los programas de cooperación. Otros, 41.554 personas han mejorado su acceso a agua potable y 27.062 titulares de derechos, de los cuales 11.513 son mujeres acceden a una fuente de agua a menos de 1.000 metros y menos de 30 minutos de distancia.
Otro dato refiere que 8.413 titulares de derecho, de los cuales 4.179 son mujeres, culminan la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita y 21.126 beneficiados por acciones humanitarias implementadas. Además, el volumen económico de acciones humanitarias implementadas, en el periodo, se eleva a 715.000 euros.
