En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité ha llegado a la conclusión de que España no evaluó los requerimientos específicos del niño y no adoptó medidas "razonables" que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria.
En consecuencia, precisa que el Estado parte no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estudiaba en una escuela ordinaria de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta el año 2009, cuando empezó el cuarto curso a la edad de 10 años.
Según la exposición de los hechos, en ese momento su tutor "no le aceptó por su discapacidad, discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato". En quinto curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y sólo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno.
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al "comportamiento perturbador", a los "brotes psicóticos" y al "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales nacionales, pero no se realizó ninguna investigación efectiva. Sus padres también impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron una denuncia penal contra los padres por su negativa a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Finalmente, Rubén y su padre presentaron su caso ante el Comité en 2017. Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité ha llegado a la conclusión de que España "violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva".
"No parece que las autoridades del Estado parte hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios para que hubiera continuado en un centro de educación ordinario", ha manifestado el miembro del Comité Markus Schefer.
El Comité ha solicitado a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso.
Entre otras recomendaciones, el Comité también insta a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.
