Este martes, los procuradores por Zamora del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, presentaban la aprobación en el Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida profesional, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género. Una batería de medidas sociales que se une a la ley contra la pobreza social que se presentaba hace varios meses.
Isabel Blanco, acompañada de Emilio Cabadas y Manuela Crespo, explicaba que este proyecto de ley consta de 86 medidas en las que se engloban 12 medidas de carácter transversal, 51 de carácter conciliador y 23 contra la brecha salarial. Unas medidas, que según relataba María José Blanco, podrían revertir en Zamora cerca de 10 millones de euros.
“La brecha salarial es un campo muy amplio y muy complejo que requiere de muchas medidas, y no estamos diciendo que con esta ley se solucionen los problemas, pero sí estamos dando un primer paso”, señalaba la procuradora popular, quien incidía en que Castilla y León es pionera en esta ley.
La ley, tal y como detallaba Isabel Blanco, nace a partir del diálogo con los agentes, los empresarios, etc. y quieren tener involucrados a todas las administraciones a través de planes coordinados de actuación.
Los objetivos que se marca la ley son la lucha contra la desigualdad, el desarrollo de acciones a favor de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la minoración de la brecha salarial, “no solo en los ámbitos urbanos, sino también en el medio rural”.
Algunas de las medidas que destacaba la Procuradora popular eran que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones deberán aprobar periódicamente planes para el fomento de la conciliación y corresponsabilidad y para la eliminación de la brecha de género o la de incluir clausulas sociales en la contratación pública.
Otro tipo de medidas son las que afectan al sector público y al sector privado, fomentando ayudas a empresas que establezcan mecanismos para acabar con la brecha salarial y para facilitar la conciliación familiar y laboral, así como deducciones del IRPF en algunos casos.
Para incentivar esta conciliación laboral, está prevista la creación de nuevos centros infantiles de 0 a 3 años, así como el desarrollo de centros residenciales, de día, teleasistencia etc.
Además, también se elaborará un informe de la brecha salarial en el sistema público y se fomentarán acciones de transparencia de las retribuciones en los empleados públicos.
Por el momento, los populares esperan que el Proyecto de Ley sea aprobado antes de finales de año, para que así en 2019 se puedan poner en marcha las solicitudes de estas ayudas.
Para acabar, Isabel Blanco valoraba los datos del paro que se conocían este martes por la mañana y aseguraba esperar "que no se ponga en peligro la recuperación".
