Óscar Villanueva, experto analista de sistemas, fue nombrado viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral el pasado mes de junio con el encargo principal de estudiar la estructura de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y plantear una nueva organización que aúne criterios de gestión moderna orientada a la máxima eficiencia con el ahorro y la eliminación del gasto superfluo. Una Consejería que cuenta con casi 2.000 personas en plantilla, incluido el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de la que dependen otras entidades como la Fundación SERLA o la Fundación para el Anclaje Empresarial y para la Formación en el Empleo de Castilla y León y que gestiona un presupuesto aproximado de 500 millones de euros, con un modelo que se consideró prioritario revisar por el Gobierno regional para adaptarlo a las necesidades actuales.
Después de apenas cien días en el cargo, en los que ha asumido también la gerencia del propio ECYL, Villanueva ha trasladado al departamento que dirige Veganzones sus propuestas de mejora tanto desde un punto orgánico como funcional. Entre las medidas dirigidas al ahorro y eficiencia, y que se darán a conocer en los próximos días siguiendo los plazos administrativos pertinentes, se incluye la eliminación del propio puesto de viceconsejero, toda vez que sus funciones quedan absorbidas por el nuevo organigrama que plantea.
En opinión del consejero de Industria, Comercio y Empleo, el trabajo realizado por Óscar Villanueva es “sobresaliente” y destaca, además, “su ejemplaridad al proponer un modelo en el que el primer puesto que se optimiza es el suyo”. Nacido en Burgos hace 54 años, es ingeniero de caminos, con más de 30 años de experiencia y está especializado en el análisis a partir de algoritmos matemáticos, Villanueva deja su cargo este viernes para afrontar nuevos retos profesionales.
Desde que se iniciara la nueva Legislatura, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha tenido como prioridad optimizar el gasto y suprimir en lo posible aquellas partidas presupuestarias superfluas. En esta línea se enmarcan las diez medidas de ahorro anunciadas por el propio vicepresidente en junio en torno a las subvenciones que reciben los agentes sociales, con un impacto económico global e inicial de 20,5 millones de euros.
