Durante años, la Ultra Sanabria fue una de esas marcas que parecían intocables. Un evento deportivo capaz de llenar alojamientos rurales durante varios días, atraer a cientos de corredores y proyectar la imagen de la comarca fuera de Zamora. En torno a la carrera crecieron otras pruebas como la Transfronteriza, Arribes Ocultos o la Gravel Tierra de Campos, consolidando un calendario deportivo convertido también en herramienta de promoción turística.
Lo que comenzó como una apuesta deportiva y turística terminó convirtiéndose en una investigación judicial con consecuencias políticas.
Sin embargo, aquello que durante años fue presentado como un modelo de éxito dio un giro radical cuando la Justicia comenzó a investigar la gestión económica y las subvenciones vinculadas a la organización de estos eventos.
La causa, que inicialmente apuntaba a los responsables del club organizador y a posibles irregularidades en el cobro de ayudas públicas, ha dado un paso más con la citación como investigados de responsables políticos de distintos mandatos provinciales.
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La investigación ha dejado de centrarse únicamente en quién solicitó las ayudas y ha pasado a analizar cómo se concedieron, cómo se justificaron y qué controles administrativos acompañaron todo el procedimiento.
Las diligencias judiciales se abrieron para investigar posibles delitos relacionados con fraude, falsedad documental y otras irregularidades asociadas al cobro de subvenciones destinadas a pruebas deportivas organizadas por el Club Deportivo Ultra Sanabria. Entre las hipótesis investigadas figura la posibilidad de que se hubiera inflado el número real de participantes para acceder a mayores cantidades de financiación pública o que determinadas facturas se hubieran presentado en distintos expedientes o administraciones.
La sospecha ya no gira únicamente sobre el dinero recibido, sino sobre la cadena administrativa que permitió su concesión y posterior justificación.
El primer gran movimiento institucional llegó cuando la propia Diputación decidió personarse en la causa judicial como posible perjudicada y paralizar las ayudas previstas para las pruebas vinculadas al club organizador.
En aquel momento, Javier Faúndez aseguró que la institución había tenido conocimiento de los hechos una vez iniciadas las diligencias y anunció la suspensión de las ayudas previstas.
Pero el escenario ha cambiado notablemente desde entonces. La investigación ha terminado alcanzando a responsables políticos de dos etapas distintas al frente de la Diputación.
La citación como investigados de Javier Faúndez y Juan del Canto, actuales responsables de la institución provincial, añade una nueva dimensión política al caso. Faúndez ha defendido públicamente que cuando ambos asumieron responsabilidades en junio de 2023 las subvenciones correspondientes a aquella anualidad ya estaban concedidas y el anticipo económico había sido abonado previamente.
Además, ha sostenido que las actuaciones desarrolladas durante su mandato contaron con informes técnicos favorables y sin reparos administrativos.
Sin embargo, la causa tampoco se detiene en el actual mandato. La citación de Francisco Requejo y la más que probable incorporación de Jesús María Prada Saavedra coloca también bajo el foco las decisiones adoptadas durante el anterior equipo de Gobierno.
La línea temporal del procedimiento atraviesa varios ejercicios, distintos responsables políticos y varias fases administrativas. La causa deja una imagen inédita: responsables actuales y anteriores de la Diputación coincidiendo en una misma investigación judicial.
Por ahora, la condición de investigado no implica culpabilidad ni determina responsabilidades penales. Se trata de una figura jurídica que permite esclarecer los hechos y garantizar el derecho de defensa de las personas afectadas.
Mientras tanto, el impacto ya ha alcanzado a una de las pruebas deportivas más reconocibles de la provincia.
La Ultra Sanabria pasó de ser uno de los grandes escaparates deportivos de Zamora a convertirse en el centro de una investigación que sigue ampliando su radio de acción.
Lo que comenzó con las dudas sobre unas subvenciones deportivas ha terminado convirtiéndose en una causa que examina el funcionamiento administrativo y las decisiones adoptadas durante años alrededor de uno de los proyectos con mayor visibilidad pública de la provincia.
Y la gran incógnita sigue siendo la misma: si las irregularidades investigadas fueron hechos aislados o si existieron fallos en los mecanismos de control que debían supervisarlas.
