Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) percibirán durante los meses de abril, mayo y junio un 15 por ciento más del importe mensual reconocido. Dentro de este incremento se incluirán, los complementos mensuales reconocidos y quedarán excluidos los importes correspondientes a periodos previos, así como a otros conceptos de periodicidad no mensual que hubieran podido acumularse.
En el caso concreto de Castilla y León, la medida afectará a unas 33.000 personas beneficiarias, mientras que en Zamora actualmente hay 2.449 perceptores, de los que 1.528 son adultos y 921 son menores. Actualmente, la cuantía media cobrada por hogar es de 441,44 euros y los incrementos medios estarán entre los 73 euros para unidades compuestas por una sola persona y hasta los 162 euros para las unidades más extensas.
Así lo recoge el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrar en vigor este jueves.
El incremento de la cuantía del IMV también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor de este real decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
La actualización de la cuantía de la prestación con efectos de 1 de enero de 2022, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio 2021, no afectará a este incremento extraordinario, siempre que se mantenga el derecho a la percepción de la prestación, una vez se haya efectuado dicha actualización.
Dentro del plan de choque ante la guerra se ha aprobado, además, un suplemento de crédito de 1.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinado a financiar la atención de refugiados de Ucrania. Dicho crédito extraordinario cubrirá todos los gastos para la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), así como el refuerzo de plazas del sistema de acogida y el resto de importes necesarios para la atención de las personas procedentes de Ucrania.
Otra de las medidas que incluye el plan es la asimilación de las personas solicitantes de nacionalidad española de origen ucraniano a las personas apátridas y refugiadas en consideración a las dificultades que, por causa de la guerra, experimentarán las personas solicitantes de origen ucraniano para procurarse los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen para incorporarlos a sus solicitudes en curso o que presenten mientras dure el conflicto.
