El 97 por ciento de la población española considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión, según un estudio realizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente.
Además, un 37,3 por ciento cree que las imprudencias ante los incendios forestales también tendrían que suponer penas de prisión, una cifra superior a la encuesta realizada por SEO/BirdLife en 2019.
“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, comentó David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
Por otro lado, el estudio, dado a conocer este miércoles, indica que el 70,8% de los españoles considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un seis por ciento más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en un 18,8 por ciento.
En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales, se han estudiado tres bloques de medidas: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación.
Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, a la población sobre el valor del patrimonio natural y a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas.
Un 31,2 por ciento de las personas encuestadas considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales son necesarias medidas de concienciación, mientras que un 15,5 por ciento apuesta por el aumento y la especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc.), así como de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.
“Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, apostilló De la Bodega.
