Estas son las principales conclusiones de una encuesta digital que ha realizado CSIF entre los docentes de Castilla y León, para conocer la opinión del profesorado ante el proyecto de orden de la Junta sobre medidas dirigidas al alumnado que presenta necesidades sanitarias o sociosanitarias, y que obligaría al profesor a asumir responsabilidades en esa atención, que CSIF “rechaza de plano, porque son tareas que competen al ámbito y al personal sanitario, para las que los profesores no estamos preparados, como han testimoniado la mayor parte de los que han respondido la encuesta”, afirma la presidenta del sector de Educación en Castilla y León, Isabel Madruga. La encuesta se cerró el pasado 22 de febrero.
Tras dejar clara la necesidad de que haya personal sanitario en los centros educativos, los profesores que han respondido a la encuesta detallan varias alternativas posibles, que van desde que cada centro tenga enfermeros propios, que ese personal se distribuya por zonas para más de un centro, o que los centros de salud tengan personal específico para atender a los centros escolares en cuanto se les requiera. Los docentes que opinan que no es necesaria la presencia de personal sanitario, lo hacen más desde la aceptación de que la Administración no tiene recursos económicos suficientes, o de que habría otras prioridades inversoras, que desde la negación del problema.
Y es que resulta llamativo el dato de que un 76% de las respuestas de los profesores, señalan haber vivido situaciones en las que habría necesitado la ayuda de un profesional sanitario. Experiencias de ataques epilépticos, diabetes, episodios alérgicos, ansiedades, desmayos o de enfermedades contagiosas, son las que más enumeran los docentes como esas situaciones en las que más han necesitado un sanitario. Sin olvidar los golpes y contusiones, las heridas y brechas o las roturas.
Casos de atragantamientos o de hemorragias severas también han provocado una gran inquietud entre los profesores a la hora de actuar, o incluso circunstancias generadas por los efectos de alguna enfermedad rara.
El profesorado también demanda en la encuesta la habilitación en los centros de enfermerías suficientemente dotadas; y pide que sea la familia la que administre la medicación, ya que se han producido algunos errores, de los que el docente no puede ser responsable. Incluso en una de las respuestas de la encuesta, se relata cómo una madre denunció a un profesor que atendió a su hijo, por una caída que le ocasionó daño en una muñeca, por entender que no estaba preparado ni tenía los conocimientos suficientes.
La llamada a emergencias -112- o llevar al alumno directamente al centro de salud (por un profesor o el responsable de la dirección) son las respuestas habituales ante situaciones de atención sanitaria, indican las respuestas de la encuesta.
CSIF pide a la Junta de Castilla y León que “atienda con responsabilidad la opinión de los docentes y retire la orden prevista en la que está trabajando, que implica al profesor en tareas de atención y responsabilidad sanitaria, como es la administración de medicamentos, que en algún caso puede suponer consecuencias muy graves, si no se hace bien, como se ha recordado en alguna respuesta de la encuesta”, apunta Isabel Madruga.
En alegaciones presentadas al borrador de la orden, en un escrito dirigido al consejero de Educación, o en el voto particular hecho al dictamen del proyecto de la orden en el Consejo Escolar de Castilla y León, CSIF ha dejado clara su posición de que “en ningún caso, la administración de medicamentos debe ser realizado por personal docente”, o que los centros educativos deben tener asegurada una adecuada atención sanitaria con personal de enfermería.
CSIF explica que “si en los hospitales se garantiza la atención educativa de los enfermos con docentes, lo lógico es que las necesidades sanitarias las atiendan profesionales sanitarios”. El sindicato independiente pide que la futura orden deje claro que el profesorado no tiene que llevar a cabo tareas sanitarias que no les son propias, para las que no están formados, y que pueden acarrearles responsabilidades personales, más allá del cumplimiento de sus competencias. Asimismo, exige que los recursos de esa atención sanitaria al alumnado debe costearse con nuevas partidas económicas, “sin que supongan un recorte a la financiación de la educación, que ya cuenta con un presupuesto exiguo e insuficiente”.
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