El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, mostró hoy el “claro compromiso” de la Junta por concluir las obras del Conservatorio de Música de Zamora y el Centro Cívico tras el abandono, de forma unilateral, por parte de la adjudicataria Geoxa General de Construcciones S.L., debido al incremento de costes y precios desde la fecha de licitación de la infraestructura, que contaba con un presupuesto de casi 47 millones de euros.
Fernández Carriedo se refirió a un “problema generalizado” el que sufren las administraciones públicas con la realización de diferentes infraestructuras, por la “cantidad de empresas que han licitado obras y no pueden concluirlas por la subida de precios de los materiales, que se sitúan por encima de los costes iniciales y les resulta inviable”.
Si finalmente se confirma esta decisión, prosiguió Carriedo, “se procederá a dar cuanto antes por concluido el contrato, se definirá el nuevo proyecto por lo que resta de la obra y se licitará uno nuevo”.
El consejero recordó que esta misma situación sucedió con las obras del Conservatorio de León, sobre el que también mostró el “compromiso” del Gobierno autonómico y que “estaría acabado o muy avanzado de no ser por esta razón, ajena a la Junta”; o el proyecto para la ampliación del Aeródromo de Garray, en Soria, que estaba presupuestada en cuatro millones de euros y ahora se iría al menos a seis por el aumento de precios, y que tenía como objetivo acrecentar la pista para recibir aviones de mayor tamaño. En este caso, Carriedo también se comprometió a “estudiar las circunstancias, el caso y su coste para seguir adelante con el proyecto”.
Con todos estos casos sobre la mesa, el consejero lamentó la poca flexibilización que ofrece la Ley nacional de Contratos de las Administraciones Públicas para la adaptación de los precios cuando se incrementan notablemente. “La normativa apenas permite un cierto margen como consecuencia de la inflación y son muchas las empresas que abandonan. Los principales perjudicados son los ciudadanos, pero también la Junta, por el retraso de una obra que podría estar ya finalizada y porque ahora será más cara”, justificó, para argumentar que sucede “lo mismo con las familias, que lo notan en la cesta de la compra”; si bien es “más llamativo para las administraciones que impulsan más obra pública, como es el caso de Castilla y León, la segunda en licitación solo en el ámbito sanitario”.
Por último, el consejero reiteró que esta Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “tiene mucha complejidad a la hora de licitar de nuevo las obras porque hay que hacer una adaptación del proyecto”, un procedimiento que en España calificó de “muy garantista”.
