El grupo político Ahora Decide ha denunciado públicamente los retrasos acumulados en la construcción del primer centro cívico de Zamora, una infraestructura que, según recuerdan, lleva más de diez años siendo demandada por la ciudadanía y cerca de una década comprometida por las administraciones.
La formación subraya que Zamora es actualmente la única capital de provincia de Castilla y León que no dispone de ningún centro cívico, a diferencia de otras ciudades de la comunidad que cuentan con varias instalaciones de este tipo destinadas a la participación social, cultural y vecinal.
Desde Ahora Decide explican que estos espacios permiten el desarrollo de actividades culturales, el impulso del tejido asociativo y el acceso gratuito a servicios comunitarios, una carencia que, aseguran, obliga desde hace años a colectivos locales a buscar espacios alternativos o incluso a asumir costes de su propio bolsillo.
En su repaso a los antecedentes del proyecto, recuerdan que ya en 2014 se planteó la posibilidad de habilitar como centro cívico un edificio municipal en desuso junto al Teatro Principal, propuesta que fue rechazada con el argumento de que esta infraestructura se ubicaría en el antiguo Matadero del barrio de San José Obrero. Sin embargo, dicho espacio terminó destinándose a otros usos.
Posteriormente, en 2017, el Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León anunciaron un acuerdo para la construcción del primer centro cívico junto al nuevo Conservatorio Profesional de Música, con una inversión inicial de 10 millones de euros. Meses después, ambos proyectos fueron separados por falta de espacio, fijándose finalmente la ubicación del centro cívico en una parcela de la avenida de Cardenal Cisneros.
En febrero de 2019 se firmó un protocolo para su desarrollo con un presupuesto de 4 millones de euros y una previsión de apertura en 2021. No obstante, según denuncia la formación, los plazos no se han cumplido y las obras acumulan retrasos reiterados.
Ahora Decide también ha criticado la respuesta ofrecida por la Junta de Castilla y León en noviembre de 2024, en la que se aseguraba que los trabajos no se habían detenido y que la finalización estaba prevista para febrero de 2025. Tras una reciente visita a la zona, el grupo asegura que las instalaciones se encontraban cerradas y sin actividad, lo que interpretan como una nueva paralización.
Ante esta situación, la formación denuncia lo que califica como “un engaño permanente sin explicaciones”, critica el incremento del coste de las obras y reclama responsabilidades políticas. Asimismo, exige a los responsables autonómicos aclaraciones sobre el estado del proyecto, que, advierten, podría superar los diez años desde su anuncio hasta su eventual inauguración.
