Ahora Decide calificaba este lunes de “paso atrás” la nueva ley de residencias de Castilla y León que entra hoy en vigor y aseguró que “no apuesta” por el aumento del número de instalaciones públicas, “no contempla ningún compromiso presupuestario”, no señala un número mínimo de profesionales que deben tener las residencias en función del número y tipo de plazas.
“Solo una de cada doce plazas de residencia de personas mayores es pública en Castilla y León y así seguirá siendo con esta Ley. Al no contemplar compromiso presupuestario, se puede quedar en una simple declaración de intenciones”, señalaron fuentes de la formación política en un comunicado.
“No se garantiza una adecuada atención y es una puerta abierta peligrosa para las residencias privadas y públicas. No resuelve la necesidad de que las residencias tengan un número mínimo de plazas de convalecencia sociosanitaria para las personas que son dadas de alta después de una operación y no establece que las residencias cuenten con equipos multidisciplinares que faciliten servicios adecuados a la atención centrada en las personas”, criticaron.
“No exige que todas las residencias tengan unidades de convivencia, medida anunciada cien veces por la consejera para garantizar una atención centrada en la persona y no incluye ninguna mejora importante para ayudar a las familias que tengan los mayores en sus casas”, añadieron.
Ahora Decide aseguró que si la nueva Ley “no se desarrolla reglamentariamente, no garantiza ninguna mejora significativa para los ancianos de Castilla y León” y que “se pierde una oportunidad para avanzar y modernizar servicios esenciales en una comunidad cada vez más envejecida”.
“Después de cuatro años de tramitación y de promesas de modernización, la consejera firma una ley inútil. Hace 50 años que en Zamora no se construye una residencia pública de ancianos cuando el número de posibles usuarios se ha duplicado. Solo en los últimos 20 años la población mayor de 65 años ha aumentado un 20 por ciento, pasando de tener 12.880 personas mayores a más de 16.000”.
Ante estas cifras, recordaron que la ciudad de Zamora y los pueblos de sus alrededores “se han llenado de residencias privadas con unos costes que, o son imposibles de asumir por muchas familias o suponen dedicar todos los ahorros y propiedades que los ancianos han acumulado a lo largo de sus vidas a estar atendidos en estas residencias”.
En este contexto, el partido político pidió a la consejera de Familia a Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que “impulse” el desarrollo reglamentario de la Ley “concretando todos estos aspectos, demostrando que las promesas de tener residencias centradas en la atención a las personas será una verdad a medio plazo” y apostilló: “Reiteramos la necesidad de contar con dos residencias públicas de ancianos en la ciudad de Zamora para tener un aumento significativo de plazas de válidos y dependientes que esta ciudad necesita”.
