El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) ha denunciado múltiples deficiencias en el transporte sanitario de la provincia de Zamora, un servicio especialmente relevante por la dispersión poblacional y el envejecimiento demográfico. Para muchos vecinos, recuerdan, “es la principal puerta de acceso a la sanidad pública”.
Manuel Oliver Ferreras, secretario de la Sección Sindical de SP-TES en Zamora, señala que los salarios de los Técnicos en Emergencias Sanitarias son “los más bajos de España”, lo que obliga a casi la mitad de la plantilla a trabajar por el Salario Mínimo Interprofesional. Esta precariedad —subraya— provoca la marcha de profesionales a otras comunidades, una pérdida que agrava el despoblamiento provincial. “Si la Junta invirtiera más, podría fijar población en las zonas rurales”, lamenta.
Otra de las denuncias del sindicato apunta al estado de la flota. Según Oliver, la mayoría de las ambulancias que circulan en Zamora son vehículos reutilizados, pese a que el concierto exigía unidades nuevas. Afirma que la empresa adjudicataria, Ambulancias Rodrigo, alegó falta de rentabilidad y que la Junta lo permitió: “Dos años después, estos vehículos acumulan averías y miles de kilómetros, con el consecuente riesgo para trabajadores y pacientes”.
La formación del personal constituye otro punto crítico. SP-TES considera que la capacitación actual es “deficiente” y excesivamente online, cuando la labor de los técnicos requiere aprendizaje práctico y presencial. A ello se suma la falta de reconocimiento de la categoría profesional. El sindicato denuncia que, pese a haberse reunido con distintos grupos de las Cortes de Castilla y León, “solo un par” han mostrado interés sin traducirlo en medidas.
Desde el sindicato insisten en que la solución pasa por internalizar el transporte sanitario en Castilla y León, siguiendo el ejemplo de otras comunidades como Baleares, La Rioja o Navarra. Allí, subrayan, “los sueldos han mejorado, los vehículos son nuevos, la formación es adecuada y se reconoce la categoría profesional”, además de suponer “un ahorro para las arcas públicas” frente al modelo privatizado vigente en Castilla y León.
La denuncia, fechada el 1 de diciembre de 2025, concluye con un llamamiento a la Junta para que atienda de inmediato estas reivindicaciones y mejore un servicio esencial para la provincia.
