El mercado del alquiler pierde viviendas y acumula contratos paralizados. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) alerta de las consecuencias de los últimos decretos de vivienda a partir de una encuesta a más de 600 agencias.
El principal efecto detectado es la retirada de pisos del mercado del alquiler habitual, una situación que señala el 78,1% de las inmobiliarias consultadas. De media, cada agencia ha contabilizado 3,78 inmuebles retirados.
Además, el 72,4% de las oficinas encuestadas detecta contratos de alquiler paralizados o cuya firma se ha frenado, con una media de 2,75 operaciones bloqueadas por agencia. El estudio también refleja que el 56,6% de las inmobiliarias ha observado propietarios que trasladan sus viviendas al mercado de compraventa.
Otra de las tendencias detectadas es el desvío de inmuebles hacia otras fórmulas de arrendamiento. El 38,9% de las agencias consultadas asegura que parte de la oferta se está desplazando hacia el alquiler de temporada o por habitaciones. Solo el 11,1% afirma mantener su actividad sin cambios.
Más de 5.700 operaciones afectadas
Los primeros datos recopilados por FAI durante los últimos diez días contabilizan 5.758 operaciones afectadas. De ellas, 2.067 corresponden a viviendas retiradas del alquiler habitual, 1.224 a inmuebles trasladados a la compraventa y 944 a propiedades desviadas hacia otras modalidades de arrendamiento. A estas cifras se suman 1.523 contratos cuya firma se ha bloqueado.
Ante esta evolución, la federación prevé que las operaciones de alquiler podrían caer entre un 25% y un 30% en las próximas semanas, como consecuencia de la paralización de contratos y de la retirada o el cambio de uso de parte de la oferta. Se trata de una proyección de la propia organización, no de un dato consolidado del mercado.
El presidente de FAI, José María Alfaro, reconoce las dificultades de acceso a la vivienda y el esfuerzo económico que soportan los inquilinos, pero advierte de que los recientes cambios normativos están teniendo, a su juicio, "graves consecuencias".
Alfaro sostiene que las medidas no ofrecen garantías suficientemente claras a los pequeños propietarios frente a los impagos y critica la complejidad de los trámites administrativos. Según la federación, esta situación contribuye a aumentar la incertidumbre y a retrasar decisiones sobre nuevos contratos.
Como alternativa, FAI reclama un "Plan Marshall de Emergencia" para el acceso a la vivienda, basado en un pacto de Estado en el que participen las fuerzas parlamentarias, los gobiernos autonómicos, los colectivos sociales y expertos del sector.
