El alza exponencial del precio de las materias primas en los últimos meses, que ha disparado por encima del 22 por ciento el coste de las obras, así como el desabastecimiento de ciertos materiales, está afectando de lleno a las empresas de construcción de Castilla y León y están poniendo en jaque la recuperación de un sector que en la Comunidad cerrará 2021 con un crecimiento cercano al cuatro por ciento y que para 2022, según las previsiones de Unicaja Banco, se convertirá en uno de los motores económicos de Castilla y León con una subida por encima del seis por ciento.
Este desorbitado incremento, que en el caso de la madera ha sido de un 125 por ciento en los últimos tres meses, de un 68 por ciento en la piedra y de 63 por ciento el cobre, unido a los retrasos en la entrega de materiales ha obligado a cuatro de cada diez empresas a cancelar o paralizar sus obras, según un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Además, para el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, el leonés Javier Vega, otros factores que pueden seguir lastrando la recuperación del sector son el incremento del coste de la energía y la escasez de mano de obra. En este sentido, se lamentó de que la construcción continúe teniendo un “auténtico problema” al ser incapaz de hacer atractivo el sector para los jóvenes, a pesar de su rentabilidad y de unas positivas proyecciones de crecimiento que se verán reforzadas con la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.
Futuro
No obstante, Javier Vega considera que el alza de precios se acabará regulando y recalca que en estos momentos no conviene crear una situación de pánico, dado que lo único que podría provocar sería una acumulación de materiales y movimientos especulativos. “Ahora lo que se requiere es sensatez y alejarnos del sensacionalismo”, aseveró. En este sentido, el presidente de la patronal castellana y leonesa, argumenta que la actual situación está motivada por el parón de muchas fábricas durante la época más dura de la pandemia y por el incremento internacional de la demanda, en especial por parte de China, Estados Unidos y Europa.
“No estamos ante una carrera sin final. Al final el mercado acabará regulándose, aunque, sin duda, quedará un resto de subida. Cuando al libre mercado se le fuerza en un sentido o en otro reacciona con virulencia, pero la ventaja es que se regula solo y siempre vuelve”, aseveró, a la vez que explicó que las previsiones indican que en el segundo trimestre del año la situación de los mercados internacionales, en lo referente a la construcción, se normalizará.
Menos optimista se muestra el director técnico del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), Romero Salvachua, que no ve en el corto plazo que se produzca un freno a esta “deriva” de incremento de los precios. Por el contrario, considera que el desabastecimiento de materiales no parece que vaya a ser un problema que comprometa la ejecución de las obras, “tal y como se puso de manifiesto recientemente en el III Congreso ITE+3r celebrado en Ávila por parte de los representantes de las principales asociaciones de fabricantes de productos de construcción”.
Transporte
En términos similares se pronuncia el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que no espera solución al problema del alza de precios de las materias primas debido los problemas del transporte y la logística. Así, explicó que el coste de mover un contenedor en barco ha pasado de 2.000 a 18.000 euros, problema que se une a las dificultades de la distribución por la falta de camioneros.
“La vida se abre paso y la economía encontrará una salida”, afirmó, pero recalcó que el escenario es “muy incierto” dado que continuará la tendencia alcista en los precios y la falta de materiales. Por ello, hizo un llamamiento para que se apoyen a las empresas de la construcción porque: “El bosque no crece con facilidad”, sentenció.
Litigios
Por otra parte, Enrique Pascual, confía en que antes de fin de año el Gobierno apruebe un real decreto para regular un sistema de revisión de precios en los nuevos pliegos de contratación. El problema, según explicó, surgió cuando a través de la Ley de Desindexación de la Economía (2015), aprobada por el Gobierno del PP, se eliminó este mecanismo. Durante los últimos años, debido a que la inflación estaba controlada, no se generaron problemas, pero con la actual subida de costes la ejecución de las obras se ha complicado. Además, recordó que medidas de este tipo ya han sido adoptadas en Francia e Italia para compensar la subida de precios.
A su vez, Pascual explica que los contratistas solicitan a la administración que adopten algún tipo de medida jurídica para dar soporte a la intervención en las obras que ya se están ejecutando. En estos casos, según indicó, “el contratista puede justificar una paralización de obras y pedir una compensación, aunque existe un pequeño margen, o plantear un modificado, pero es complicado que se admita por una subida de precios”.
Además, el presidente de la Cámara de Contratistas explica que también se puede plantear un contencioso administrativo en el que acreditar el perjuicio que supone la adjudicación ante la subida de precios. “No obstante, esta vía jurídica, contra quien es el cliente, no es una salida para las empresas, porque se demora en el tiempo. Otra de las posibilidades, a la que sí están recurriendo las empresas, es la de solicitar la rescisión del contrato”, afirmó.
Mientras tanto, Vega vaticina que esta situación, en el caso de las obras privadas, provocará un incremento de la litigiosidad en los juzgados, dado que muchos clientes no quieren asumir este incremento de costes, “pero, por el contrario, nadie puede obligar a una empresa a que se arruine”.
En la misma línea se pronuncia Romero Salvachua, que asegura que se van a producirse numerosos conflictos que pasarán, “como ya estamos viendo, por la cancelación de contratos en aquellas obras que estén pendientes de inicio o la paralización en obras ya comenzadas. Lógicamente las empresas no pueden asumir estos sobrecostes y será necesario establecer mecanismos de flexibilidad y de revisión de precios que hagan viable la ejecución de los contratos”.
