Según ha difundido hoy el equipo de Gobierno, esta medida es "mucho más efectiva y coherente que la apertura de los comedores para niños sin recursos que defienden otros grupos políticos" y que, en opinión de la alcaldesa, "supondría un paso atrás en los principios que deben regir las prestaciones sociales de una sociedad avanzada como la nuestra: integración, normalización, respeto a la intimidad y atención integral".
"Facilitando a las familias los recursos económicos y materiales necesarios se están cubriendo no sólo las necesidades del menor sino también las del resto de la familia, al tiempo que se cubren otras necesidades básicas al margen de las relacionadas con la alimentación. Frente a ello, los comedores atienden exclusivamente a los niños y sólo en sus necesidades nutricionales", añaden.
La opción defendida por el equipo de Gobierno, y compartida por otras entidades de acreditada solvencia en materia de atención a menores, permite también mantener otros de los principios rectores en materia de servicios sociales, como la normalización y la proximidad, facilitando la permanencia del menor en el entorno familiar como ocurre en la mayoría de las familias durante las vacaciones estivales.
Por último, esta propuesta evita situaciones de exclusión social, estigmatización y violación de la intimidad que pudieran derivarse de la asistencia del menor a comedores concebidos exclusivamente para niños sin recursos.
Por todas estas razones, el Ayuntamiento aportará cuantos recursos sean necesarios para atender estas necesidades pero no pondrá a los niños zamoranos a la cola de un comedor social para niños pobres, como pretenden determinados colectivos.
Por otra parte, es necesario recordar que, de acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, las prestaciones esenciales, entre las que se incluyen la atención a necesidades básicas de subsistencia y la protección a menores, son derechos subjetivos, garantizables y exigibles a la Administración Pública. De ahí que la Proposición de Alcaldía contemple también una campaña informativa que permita a las familias conocer sus derechos y los recursos existentes en esta materia, además de trasladar a los ciudadanos la obligatoriedad de poner en conocimiento de las administraciones competentes las situaciones de desprotección, riesgo o desamparo que se detecten.
