En la Memoria del Consejo Consultivo aprobada este jueves también se recoge la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, creado en 2012 y adscrito, sin coste, al Consultivo.
Se trata del organismo encargado de analizar, a solicitud de las empresas que lo deseen mediante la presentación de un recurso, si las adjudicaciones de contratos de las administraciones se han realizado conforme a la legislación vigente.
El pasado año, este Tribunal resolvió 92 recursos con el servicio público de la Comunidad que tenían una cuantía de 673 millones de euros. Estas resoluciones son ágiles al tener una media de 32 días desde su interposición.
El Tribunal permite además reducir que se acuda a la vía judicial. El pasado año, de los 92 recursos revisados solo en 5 acudieron tras la notificación de la resolución a la vía contenciosa.
Este Tribunal, como ha recordado la presidenta, garantiza que las decisiones adoptadas por las administraciones, a nivel contratos o adjudicaciones, pueden ser recurridas y resueltas eficaz y rápidamente. Por su parte, Amilivia apuntó que en estos años este Órgano "ha contribuido a dar certidumbre y seguridad jurídica, fijando la doctrina jurídica aplicable" y anunció que "previsiblemente, como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley de Contratos, el recurso especial en materia de contratación deje de ser potestativo para ser preceptivo, así como que se modifique el umbral económico de los contratos y se aumenten los actos susceptibles de recurso especial, lo que podría conllevar, en su caso, la necesidad de reforzar la estructura del Tribunal.
Al tratarse de "asuntos de especial trascendencia", Amilivia anunció la celebración de unas jornadas sobre la nueva Ley de Contratos, una vez aprobada, "en la que participarán todos los tribunales de recursos contractuales de nuestro país y que irá dirigida a todas las administraciones de Castilla y León, así como una reunión de coordinación con el resto de tribunales de recursos, coincidentes con las mismas".
