El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes de Castilla y León la memoria correspondiente al año 2021, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas.
En el sexto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se presentaron 495 reclamaciones, de las que 373 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 %); de las cuales 310 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad; siendo destacable que casi una cuarta parte de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos de las mismas; en concreto 121, de las cuales 94 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y 3 por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.
En 379 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuestas a las peticiones de información realizadas ante las propias Administraciones, habiéndose incrementando respecto al año anterior el porcentaje de reclamaciones interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información; por lo tanto, más de 3 de cada 4 reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente.
En el caso de las 116 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones correspondientes, los motivos utilizados por estas, de forma más frecuente, para no proporcionarla han sido la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales. Cuatro de las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia han sido las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, empleo público, la información económica y de contratación, así como la protección del medio ambiente.
