El pasado 26 de octubre la huelga general convocada en toda España por el Sindicato de Estudiantes contra las reválidas educativas, con desigual seguimiento en función de la provincia y del curso escolar, sí provocó que al día siguiente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara la suspensión de estas pruebas a la espera de un pacto entre diversos partidos políticos y comunidad educativa.
Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes quiere hechos, no palabras. Por eso llevan a cabo otra huelga en todo el país este 24 de noviembre. “Rajoy, en su discurso de investidura, afirmó que las reválidas no tendrán efectos académicos hasta que no se llegue a un Pacto Nacional por la Educación. Pero esto no es ninguna novedad. El propio decreto que el Consejo de Ministros aprobó en el mes de julio ya decía que este curso no tendrán efectos académicos. Pero si alguien piensa que estamos a salvo de ellas está muy equivocado, no tienen pensado retirarla, como tampoco la Lomce”, explica el sindicato.
Recuerda que “el 26 de octubre lo dijimos alto y claro: no vamos a parar de luchar hasta que se retire este brutal ataque que pretende acabar con nuestro derecho al estudio”. Argumentan los estudiantes que las reválidas no persiguen mejorar la calidad de la enseñanza pública, “son unos exámenes injustos que de no aprobar nos impedirá conseguir el título de ESO o Bachillerato aunque hayamos aprobado todos los cursos, y que significará la expulsión de cientos de miles de jóvenes del sistema educativo. Es una completa vergüenza”.
Curso con incertidumbre, improvisación e inseguridad
La convocatoria está dirigida a toda la comunidad educativa, "que soporta diariamente en sus centros la implantación de la Lomce y los recortes que se han impuesto, atacando con todo ello su derecho a la educación. En este momento es prioritario el apoyo al alumnado de tercero de la ESO en adelante, amenazado por las reválidas", afirman.
Explica que el presente curso 2016-2017 se inició "con incertidumbre, improvisación e inseguridad ante la finalización de un proceso de implantación de una ley educativa sin ningún tipo de apoyo político ni social". Así, "a la presión que viven los alumnos y sus familias durante este curso, se ha añadido la incertidumbre sobre el tipo de prueba, los cambios de criterios para formalizar la matrícula de alumnos repetidores, etcétera".
Por eso, esta plataforma ciudadana considera incomprensible "la cerrazón ideológica de un partido como el PP que, sin contar con respaldo parlamentario ni legitimidad, quiera imponer un calendario de implantación de un ley, ya deslegitimada desde el principio, aunque ello signifique sacrificar a toda una promoción o una generación a una incertidumbre insoportable y que pone en peligro sus legítimas opciones académicas futuras, y que solo es imputable a la incompetencia política del gobierno anterior".
Añade que hasta la Conferencia de Rectores de Universidades de España ha declarado también que no aceptará como criterio para acceso a la Universidad los resultados de una prueba (como la de las reválidas de Bachillerato) en las que no participado en su diseño.
"Todo esto puede alargar la agonía de las familias y los alumnos hasta marzo, si el PP decide alargar todos los plazos de tramitación. Un despropósito incompresible y una injusticia monumental que sufrirán quienes cursan actualmente Bachillerato y que vulnera claramente sus derechos respecto a las promociones precedentes y la igualdad de oportunidades", concluye el Movimiento por una Escuela Pública, Laica y Gratuita.
