Por segundo año consecutivo, la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha presidido este jueves el Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León para la aprobación por unanimidad de la Memoria de actividad correspondiente al 2016.
Según explicaba Mario Amilivia, presidente del órgano de control, el informe consta de dos partes: la primera de ellas en referencia a la función pública del Consejo y la segunda en correspondencia con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, una competencia añadida “a coste cero” al Tribunal.
Amilivia dio a conocer que en el pasado ejercicio se aprobaron 513 dictámenes caracterizados, a su juicio, por su “eficiencia y eficacia”. Además, el 81% de los dictámenes solicitados se emitieron en un promedio de 14,6 días hábiles, un guarismo que supuso una reducción del plazo de veinte días fijados por la Ley Reguladora. Asimismo, el presidente del Consejo puso de manifiesto su “independencia” con el 97% de seguimiento de estos dictámenes.
Por su parte, Silvia Clemente manifestó que “las instituciones que permiten el autogobierno de la comunidad realmente permiten que Castilla y León sea más comunidad autónoma” y definió al Consejo Consultivo como garantía de "legalidad y calidad". “El consejo aporta más democracia, permite que los ciudadanos que están representados en la elaboración de las leyes a través de sus representantes, de sus procuradores, y que vean realmente cumplido el mandato legal. Esa legalidad que se elabora en las Cortes de Castilla y León tiene un filtro, un control, una tutela superior que es la que nos aporta el Consejo Consultivo”, resumía.
Según los datos de la Memoria de 2016, la mayor parte de los informes jurídicos, 299, fueron solicitados por una Administración local, 211 por la Administración autonómica y 3 por Universidades de la Comunidad. Dentro de la Administración Autonómica, la Consejería de Sanidad fue la que más petición de dictámenes registró (94), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente (53).
Por asuntos, la mayoría de los dictámenes derivaron, un año más, de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, con 359 informes de los 513 totales, lo que supone el 69,9%. Así, 99 estuvieron relacionados por mobiliario urbano, 85 fueron de ámbito sanitario, 56 por accidentes ocurridos por el mal estado de la calzada y 10 por otros accidentes de circulación provocados por la irrupción de un animal en la calzada.
En cuanto al reparto por provincias, León es la que cuenta con mayor número de dictámenes, con 87, el 16,9%, seguida de Burgos, con 78, Valladolid (73), Salamanca (69), Palencia (53), Segovia (46), Zamora (41), Ávila (19) y Soria (16). Un total de 31 consultas no tuvieron carácter provincializado.
