El conflicto laboral entre el Ayuntamiento de Zamora y los bomberos municipales ha entrado en una fase de bloqueo. El equipo de gobierno sostiene que la negociación sigue abierta y que existen acuerdos parciales, mientras que el sindicato del colectivo da las conversaciones por rotas y acusa a la concejala de Personal, Laura Rivera (IU), de imponer condiciones y vulnerar el principio de igualdad con otros funcionarios.
Rivera compareció este lunes ante los medios para negar que el actual gobierno municipal haya recortado derechos laborales. “No hemos venido a quitar derechos consolidados, sino a mejorarlos”, afirmó, y enumeró la restitución de ayudas sociales, la estabilización del empleo temporal, la ampliación de la conciliación y el desarrollo de la carrera profesional como avances logrados durante el mandato.
La concejala defendió que los conflictos con policías y bomberos son recurrentes en todos los ayuntamientos debido a la singularidad de sus jornadas laborales. “No están peor que otros colectivos, pero sus condiciones son diferentes y requieren una adaptación específica”, explicó. Los bomberos, al igual que la policía, trabajan turnos de 24 horas durante los 365 días del año, lo que genera interpretaciones distintas de las normas generales de la función pública.
Según Rivera, en la última reunión con los representantes sindicales se abordó una plataforma de cinco puntos. En dos de ellos existe ya acuerdo, aunque aún no se haya formalizado por escrito: el reconocimiento del solape de guardia al finalizar cada turno de 24 horas —computado como 30 minutos— y la retribución de las funciones de categoría superior que asumen los cabos cuando ejercen tareas de jefatura. Otros dos puntos, relativos al precio de los refuerzos y a la reducción de jornada equiparable a la del resto de funcionarios, cuentan con acuerdo en el planteamiento general, pero están pendientes de cuantificación técnica y económica.
El principal desacuerdo gira en torno a la retribución de los refuerzos de guardia. El Ayuntamiento propone incrementar su valor en torno a un 30%, mientras que el sindicato reclama que se paguen como horas extraordinarias, al menos de forma equiparable a la policía local. “Se aplicará siempre la opción más beneficiosa para los trabajadores”, defendió Rivera, que insistió en que la negociación continúa y que se convocará una mesa sectorial cuando los informes técnicos estén concluidos.
La concejala rechazó con firmeza la acusación de que el alcalde obligue a los bomberos a realizar refuerzos por decreto de manera arbitraria. “No es una represalia ni una imposición, es una obligación derivada de un servicio público esencial”, afirmó. Recordó que el acuerdo regulador contempla la voluntariedad para apuntarse a las bolsas de refuerzos y horas extraordinarias, pero también la posibilidad de cobertura forzosa cuando no se alcanza el mínimo de efectivos necesario para garantizar el servicio.
Uno de los puntos más sensibles del debate es el número de refuerzos anuales. Rivera puso en duda que los bomberos realicen de forma habitual hasta 40 refuerzos al año, como sostiene el sindicato, y señaló que, de confirmarse cifras similares, el problema tendría dos posibles causas: una mala organización del servicio o una plantilla insuficiente. “Si el servicio está mal dimensionado, la solución es contratar más personal”, reconoció, comprometiéndose a estudiar una ampliación de la plantilla si las circunstancias presupuestarias y legales lo permiten.
La versión del sindicato es diametralmente opuesta. Miguel Ángel Jurado, portavoz del colectivo, aseguró que los refuerzos no son una situación excepcional, sino estructural. “En 2023 se hicieron 63 guardias ordinarias y 43 refuerzos; no es algo puntual, está reflejado en los cuadrantes”, afirmó. Según explicó, desde la jefatura del parque se han remitido informes reclamando un mínimo de 11 o 12 efectivos por turno, frente a los ocho actuales, para reducir la carga extraordinaria de trabajo.
El sindicato sostiene que ha decidido romper las negociaciones porque considera imposible avanzar con la actual responsable de Personal. “Con esta concejala no se puede negociar; no negocia, impone”, declaró Jurado, que acusó a Rivera de tergiversar las reivindicaciones del colectivo. “Nunca hemos pedido ganar más dinero. Solo pedimos igualdad con el resto de los funcionarios”, insistió.
La principal queja de los bomberos se centra en el trato retributivo de los refuerzos de guardia. Mientras que a la policía local se le pagan como horas extraordinarias, los bomberos denuncian que sus refuerzos de 24 horas se abonan por debajo de la hora ordinaria. “Eso es lo que consideramos injusto”, señaló Jurado, que se mostró dispuesto a negociar fórmulas intermedias siempre que se respete el principio de igualdad.
El conflicto amenaza ahora con trasladarse a los tribunales. El sindicato anunció que denunciará los decretos de refuerzo, el solape de guardia y vigilará el cumplimiento de una reciente sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que les da la razón en el desglose de las nóminas. El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que actuará conforme a la legalidad y confía en reconducir el diálogo en las próximas semanas.
Entre acusaciones de imposición y promesas de acuerdo, el pulso entre el Ayuntamiento de Zamora y sus bomberos sigue abierto, con la igualdad laboral como bandera compartida y la negociación como un terreno cada vez más erosionado. Tanto es así, que desde el cuerpo de bomberos seguirán en su empeño de reivindicación personándose en el próximo pleno del Consistorio que se celebrará el próximo martes.
