La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Castilla y León pide a la Junta que diga cómo va a devolver este año otro 25% de la paga extra arrebatada de 2012, que el Gobierno ha aprobado, junto con otras medidas de mejora para el empleado público. Asimismo, pide a la Junta que confirme que los próximos presupuestos regionales tendrán dinero suficiente para garantizar la reposición de la tasa del 100% en los servicios esenciales y del 50% en el resto. Además, reclama a la Junta que “sea valiente” y saque adelante otras peticiones pendientes en el ámbito competencial y territorial autonómico, como son la aplicación de la jornada laboral de las 35 horas, la negociación de un convenio laboral, las revisiones de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), o la carrera profesional. Además, CSI-F recuerda que las mejoras tienen que llegar a todas las administraciones, es decir, también a los ayuntamientos y a las diputaciones.
Así lo ha pedido el presidente autonómico de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando, que se congratula del cambio de actitud del Gobierno ante los empleados públicos, pero advierte de que las medidas adoptadas son “muy insuficientes”. Hernando espera que la aprobación de medidas encaminadas a rectificar los recortes salariales y la anulación de derechos laborales que el Gobierno viene aplicando desde hace años, desde la legislatura anterior, tenga una continuidad y sirvan para recuperar la situación previa a 2010, con el inicio de la crisis económica, “que es lo que esperan los empleados públicos, que han sufrido un castigo tremendamente injusto y desproporcionado”.
El presidente de CSI-F de Castilla y León valora que el Gobierno “empiece a entender el sentir de los más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias a los que, hasta hoy, se les había impedido sumarse al nuevo ciclo de recuperación económica”. CSI-F confía en que la reapertura del diálogo social permita que, durante el trámite parlamentario de las nuevas medidas, puedan incluirse otras mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna. CSIF también promoverá que se incluya un fondo adicional para los colectivos más desfavorecidos.
En cuanto al ámbito más autonómico, Carlos Hernando pide a la Junta de Castilla y León y al presidente Herrera que sean “valientes”, y que además de las medidas aprobadas a nivel nacional, saquen adelante otras que CSI-F ha solicitado, como es la aplicación de la jornada laboral de 35 horas o la carrera profesional. Asimismo, Hernando recuerda que está encima de la mesa la denuncia del convenio laboral, o la revisión de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la administración regional.
Hernando pide a la Junta la celebración de una mesa general de empleados públicos, en la que se pueda concretar la aplicación de las medidas de mejora laboral, pero también de otras que afectan a la mejora de los servicios públicos y a la creación de empleo público. Así, CSI-F Castilla y León quiere saber cómo la Junta va a devolver el 25% de la paga extra de 2012, que el Gobierno ha previsto en septiembre.
Por otra parte, CSI-F quiere que la Junta confirme que en sus próximos presupuestos tendrá recursos económicos para garantizar la reposición de una tasa del 100% en las plazas de los servicios esenciales, y del 50% en el resto, según ha aprobado el Gobierno. En este sentido, CSI-F señala que debe realizarse un análisis de las plantillas, y blindar los servicios esenciales para que no vuelva a ponerse en peligro el carácter público y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos. También, se alegra de que Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales de las comunidades autónomas o el Servicio Público de Empleo Estatal se consideren servicios esenciales.
Hernando destaca que el Gobierno pondrá fin, en 2016, a cinco años de congelaciones salariales, un punto de inflexión positivo, pero que no debe tapar el “exiguo incremento salarial aprobado del 1%, que si bien va en la buena dirección, no compensa para nada la pérdida del poder adquisitivo superior al 25% que han acumulado los empleados públicos durante los años de crisis”. Finalmente, el responsable de CSI-F de Castilla y León destaca que la presión realizada por los propios empleados públicos, y el papel de CSI-F -que es la principal organización sindical de los empleados públicos- han sido claves para hacer cambiar al Gobierno, por lo que insiste en que CSI-F seguirá exigiendo la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos laborales arrebatados.
