La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León reclama que el esperado decreto que regule la jubilación anticipada de la Policía Local, pendiente de que el Gobierno lo redacte y lo apruebe, “debe admitir, de una sola vez, la jubilación de todos los policías mayores de 60 años, para que los ayuntamientos puedan cubrir la totalidad de las plazas de policías que se jubilen, con una oferta de empleo público que alcance la tasa de reposición del 100%, desde el primer momento. Ahora, más del 10% de los policías locales (unos 260) de Castilla y León están entre 60 y 65 años, que son las plazas que podrían ofertarse.
Teniendo en cuenta que la academia de formación de policías locales dura un año, y reconociendo que no se prestaría servicio en el puesto en al menos 8 meses, las plantillas sólo quedarían diezmadas en un periodo de enero a agosto, y de una sola vez.
Por el contrario, si se mantiene la jubilación anticipada por tramos progresivos (59-60 años, 61-62 y 63-64), en tres años se acumularán las jubilaciones y podría ocurrir que el 25% de los efectivos se jubilarán, pudiéndose ofertarse sólo un tercio de esas plazas vacantes.
Además, los ayuntamientos podrían quedar sobrepasados por el paso a la segunda actividad de un buen número de sus agentes locales, para los que no habría puestos suficientes, debido a las limitaciones de las plantillas municipales. Hay que recordar que cuando un policía local llega a los 60 años, y debido a la calificación de peligrosidad del trabajo, pasa a una segunda actividad en el Ayuntamiento, por entender que ya no tiene las aptitudes físicas o psíquicas adecuadas.
En unos tres años, apunta CSIF, el 40% de las plantillas de policías locales de Castilla y León pueden pasar a la segunda actividad, “y la mayoría de los ayuntamientos no tendrían recursos para pagar a nuevos policías y mantener a los que pasan a la segunda actividad, puesto que se duplican los costes”.
Más del 50% de los policías locales de la Comunidad, que suman unos 2.450, son mayores de 50 años, por lo que el Gobierno tiene que reaccionar rápido, y aplicar el futuro decreto para el inicio del verano, según lo prometido en el mes de diciembre de 2016, después de la conclusión de todos los trámites preceptivos exigidos para el expediente. “La situación de los servicios ofrecidos por Policía Local a la ciudadanía es muy grave, por la circunstancia de avanzada edad y actitud psico-física de sus plantillas”.
Una situación, por otra parte, “que ya se había avisado, porque llevamos informando de este problema desde hace 10 años, el tiempo que se lleva reivindicando la jubilación anticipada”, para equiparar así el cuerpo de Policía Local a otros cuerpos de seguridad del Estado o autonómicos, que ya tienen reconocida la jubilación anticipada con anterioridad, incluso, a la petición de los policías locales.
CSIF advierte que si, para este mes de julio, el decreto no está redactado y aprobado, “tomaremos medidas para que la promesa dada por el Gobierno y por el presidente de la FEMP no caiga en el olvido”.
