La presión social del colectivo de empleados públicos y el papel jugado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –sindicato más representativo de las administraciones públicas—han hecho mover ficha al Gobierno y rectificar parte de los recortes aplicados sobre estos trabajadores en el tramo final de legislatura.
Así, el Gobierno pondrá fin en 2016 a cinco años de congelaciones salariales con un “exiguo” incremento del 1 por ciento en la nómina que, si bien, va en la buena dirección, no compensa la pérdida del poder adquisitivo superior al 25 por ciento que han acumulado los empleados públicos durante los años de crisis.
Por otra parte, CSIF ha logrado que el Gobierno incluya en los presupuestos del próximo año una tasa de reposición del cien por cien para los servicios esenciales y del 50 por ciento para el resto. Además, por primera vez, entre los servicios esenciales se incluirán Instituciones Penitenciarias, los servicios sociales de las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal.
Asimismo el Ejecutivo devolverá este año un 25 por ciento de la paga que se eliminó en 2012, adicional a la cantidad que ya se devolvió en enero, y el resto se reintegrará en 2016. Hacienda también devolverá el último ‘móscoso’ que quedaba pendiente y hasta tres días adicionales de libre disposición por antigüedad.
Reapertura del Diálogo Social
El Ministro de Hacienda se ha comprometido a la reapertura del diálogo social, de tal manera que durante el trámite parlamentario podrían incluirse mejoras adicionales como la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica o la promoción interna. CSIF también promoverá que se incluya un fondo adicional para los colectivos más desfavorecidos. “El Gobierno parece que empieza a entender el sentir de los más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias a los que, hasta hoy, se les había impedido sumarse al nuevo ciclo de recuperación económica”, aseguran.
CSIF espera que estas medidas tengan continuidad y se recupere la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de retribuciones al inicio de la crisis económica. Además, se debe realizar un análisis de las plantillas y blindar los servicios esenciales para que no vuelva a ponerse en peligro el carácter público y la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos.
