La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por ocultar al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos.
Esta norma culmina una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad.
Para CSIF, el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria agravará los problemas estructurales advertidos por la OCDE en un nuevo informe publicado esta semana. Por esta razón, los servicios jurídicos del sindicato están analizando su posible impugnación.
En concreto, el último informe PISA de la OCDE alerta sobre la escasez de personal docente, siendo esta la causa de una pérdida del rendimiento del alumnado y avisa sobre el déficit de infraestructuras y recursos tecnológicos en los centros.
Por ello, en lugar de rebajar el nivel de exigencia para el alumnado, CSIF insiste que la pandemia lo que exige es una reforma urgente de la educación para incrementar el gasto educativo en 21.000 millones de euros y alcanzar así la cifra de los 74.687 millones en el conjunto del Estado (el 6 por ciento del PIB). Proponemos un refuerzo educativo urgente y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar.
Así lo reclamamos el pasado lunes en la Mesa Sectorial de Educación, que la ministra no convocaba desde el pasado mes de mayo, pese a la gravedad de la situación, en plena segunda ola de rebrotes de Covid-19 y con el curso ya en marcha.
En ningún momento durante la reunión, el Ministerio nos presentó la nueva norma -aprobada ayer mismo por el Consejo de Ministros-, lo que supone una falta de respeto hacia los representantes de los docentes, obviando una vez más una negociación necesaria y pertinente. Tampoco dicho Real Decreto-ley ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, como es preceptivo en las normas educativas.
Exigimos que se concrete el número de materias suspensas para promocionar, tal y como se ha venido estableciendo en todas y cada una de las leyes educativas y que no se deje a criterio de cada CCAA y centro, lo que provocará más desigualdades.
Criticamos también que a las medidas aprobadas ahora se suma el despropósito de eliminar el requisito del máster para dar clases durante la pandemia porque es un parche coyuntural que no contribuye al objetivo de reforzar la calidad de nuestro modelo educativo.
Desde CSIF, seguimos avisando al Gobierno: los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad; el refuerzo de personal interino es insuficiente. Los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como exigimos.
