UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA han presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora contra el auto dictado el pasado 12 de julio, que rechazó la medida cautelar solicitada para frenar la eliminación de las paradas del AVE en Otero de Sanabria, en vigor desde el 9 de junio.
Los colectivos denunciantes cuestionan que el juez no haya entrado a valorar el fondo del asunto, pese a haber presentado “datos, hechos y argumentación jurídica suficiente” para demostrar, a su juicio, la arbitrariedad de la medida tomada por Renfe. En el recurso, insisten en que la decisión judicial omite considerar el perjuicio grave que la supresión de estas paradas está causando a servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación en la comarca de Sanabria.
En su denuncia original, las organizaciones alegaban la posible comisión de un delito de abandono colectivo e injustificado de un servicio público, contemplado en el artículo 409 del Código Penal. La eliminación de los trenes con salida desde Otero de Sanabria a las 8:46 y 9:35 horas, y llegada a las 8:15, ha dejado sin alternativa a sanitarios, docentes y vecinos que dependían de esos horarios para acudir a sus centros de trabajo o citas médicas en Zamora.
Los colectivos recuerdan que la línea de AVE entre Madrid y Zamora, con parada en Otero, fue declarada Obligación de Servicio Público (OSP) el 25 de diciembre de 2022. Esta declaración implica que debe mantenerse con tarifas asequibles y acceso garantizado, incluso si no resulta rentable. La eliminación de estas frecuencias, denuncian, supone una vulneración directa de esa obligación legal.
Asimismo, critican que Renfe haya justificado la medida apelando a un supuesto “interés público” sin haber emitido ni tramitado una Declaración formal de Interés Público, como exige la normativa. Tal declaración debería incluir una justificación detallada, los objetivos, su impacto social y posibles alternativas, aspectos que —según los denunciantes— no han sido comunicados a la ciudadanía ni a las administraciones afectadas.
Los colectivos también advierten que Renfe sigue recibiendo compensaciones públicas por prestar un servicio que, en su opinión, ya no cumple íntegramente. Recuerdan que el Gobierno ha aumentado la dotación presupuestaria a Renfe en 525 millones de euros hasta 2029 para garantizar las líneas OSP, por lo que consideran que se podría estar produciendo un enriquecimiento injusto con fondos públicos.
En este contexto, UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA reiteran la urgencia de restablecer las paradas suprimidas y confían en que el recurso de reforma logre revocar el auto judicial, obligando a Renfe y Adif a restituir el servicio y proteger los derechos fundamentales de los vecinos de Sanabria.
