El grupo municipal Zamora Sí ha presentado una petición formal ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León para que se investiguen las posibles vulneraciones de la normativa de accesibilidad en la obra de “humanización” de la Avenida Cardenal Cisneros.
El concejal Eloy Tomé recuerda que Zamora Sí ha sido el único grupo que ha mantenido una posición crítica desde el inicio del proyecto, advirtiendo de los problemas que generaría un carril bici pintado sobre la acera peatonal sin separación física ni táctil, una solución que impide a las personas con discapacidad visual distinguir los espacios de paso.
Según la normativa vigente —la Orden TMA/851/2021 y el Real Decreto Legislativo 1/2013— los itinerarios peatonales deben ser plenamente accesibles y contar con pavimentos diferenciados que garanticen la seguridad de los peatones. “Lo que se ha hecho en Cardenal Cisneros incumple este principio básico. No se trata de una opinión, sino de una cuestión técnica y legal”, señala Eloy Tomé, quien insiste en que la obra “debería haberse revisado antes de su finalización para evitar estos errores que ahora son difíciles de corregir”.
La solicitud registrada por Zamora Sí pide que ambas instituciones verifiquen si las obras cumplen los requisitos de accesibilidad y seguridad y, en caso contrario, emitan una recomendación instando al equipo de gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias antes de recepcionar definitivamente la obra.
“Llevamos meses avisando de que esto no se ha hecho bien y no se ha corregido. Por eso damos ahora este paso: acudir al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común para que velen por los derechos de todos los zamoranos y, especialmente, de las personas con discapacidad”, añade Tomé.
Zamora Sí recuerda que España ratificó en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a las administraciones públicas a garantizar la accesibilidad universal en todos los entornos, servicios y obras urbanas. Asimismo, existe legislación europea aplicable, como la Directiva (UE) 2019/882 – Ley de Accesibilidad, que refuerza estos derechos en el ámbito de la Unión Europea.
Por su parte, la concejala Rocío Ferrero destaca que no puede justificarse una actuación urbana que limita la movilidad y la seguridad de los peatones. “Se trata de planificar la ciudad pensando en las personas. Las intervenciones deben hacerse con rigor, sentido común y respetando las normas que garantizan la accesibilidad para todos”.
Tomé añade que falta autocrítica en el equipo de gobierno: “Se da por buena una obra sin comprobar si cumple la ley, y eso demuestra una falta de exigencia preocupante. Zamora merece rigor y responsabilidad institucional, no simples inauguraciones de obras a medias.”
Zamora Sí considera que este tipo de intervenciones urbanas deben garantizar tanto la estética como la funcionalidad y la accesibilidad, y que no puede darse por buena una actuación que deja fuera a una parte de la ciudadanía. “Nuestra obligación como representantes públicos —concluye Rocío Ferrero— es exigir que cada euro invertido se traduzca en una ciudad más segura, más accesible y mejor planificada. Eso es lo que pedimos, ni más ni menos.”
