La PAH de Zamora lleva semanas denunciando la situación de una mujer, víctima de violencia de género con sentencia firme contra su agresor, y sus hijos de once y dos años. La víctima cobraba la renta de ciudadanía pagaba 430 euros de alquiler, siendo imposible su pago y debiendo ocho cuotas en el momento en el que se puso en marcha el procedimiento de desahucio. Un desahucio programado para el mes de noviembre pero que se ha logrado extender hasta ahora. El miércoles llegará la fecha crítica.
Ante la petición de soluciones ante las instituciones, Clara San Damián, delegada territorial de la Junta de Castilla y León, ha salido al paso de este tema. “Nos reunimos con la afectada en el mes de noviembre y conocimos la situación. Nos preocupa especialmente porque hay niños de por medio. Nosotros le ofrecimos una vivienda de alquiler social para pagar menos de 60 euros en Santibáñez de Vidriales y decidieron no aceptarla. Se adjudicó a otra familia y la aceptó”, explicaba San Damián.
Sobre si puede haber una solución inminente ante la urgencia del caso, San Damián no lo tiene claro, ya que a día de hoy la Junta no tiene el expediente que elaboran los servicios sociales del Ayuntamiento. Esos expedientes son los que permiten realizar una comisión de evaluación para adjudicar a una u otra familia las viviendas sociales en base a unos criterios.
Actualmente la Junta cuenta con 200 solicitudes de este tipo, pero quedan por concretar 150 expedientes, por lo que la situación se encuentra en punto muerto. No obstante, Clara San Damián finalizaba recordando que durante 2019 la Junta ofreció 550 ayudas de alquiler con una inversión de 885.700 euros solo en la provincia de Zamora.
