La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (UGTCyL) denunció hoy que solo se concedieron tres de cada diez solicitudes realizadas en la Comunidad para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que de las 51.320 solicitudes válidas registradas en Castilla y León, se resolvieron en sentido positivo el 32,4 por ciento, lo que supone que fueron denegadas más de 33.700 expedientes, según datos de la Seguridad Social.
Castilla y León cuenta, no obstante, con el 94,34 por ciento de los expedientes considerados válidos resueltos, frente al 92,63 por ciento del conjunto nacional desde el inicio de la andadura del Ingreso Mínimo Vital. Además, los más de 16.500 expedientes aprobados de forma positiva cubren en torno a 36.100 personas beneficiarias, de las que 13.390 son menores.
"Si tomamos como referencia las personas castellanas y leonesas en situación de pobreza severa, un 3,6 por ciento en Castilla y León, estaríamos hablando de en torno a 86.000", explicó UGTCyL en un comunicado, resumiendo que "el IMV en la Comunidad no estaría cubriendo al 41,9 por ciento de su población en situación de pobreza severa, potencialmente candidata a acceder al Ingreso Mínimo Vital", por lo que "el porcentaje de solicitudes resueltas de forma negativa es demasiado alto, incluso superior a la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo que muestra la rigidez de la norma" que desde UGT esperan que se supere "en el menor tiempo posible con la entrada en vigor de la Ley".
Y es que UGTCyL definió hoy como "necesaria" la entrada en vigor de la Ley 19/2021 por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad, si bien reconoció: "Esta no es la prestación que esperábamos".
Según explicó UGTCyL, la normativa anterior sobre esta ayuda, "modificada hasta en ocho ocasiones", presentaba "disfunciones profundas" que impedían "incrementar la cobertura o ganar suficiencia", tal y como refirió la secretaria de Políticas Sociales de Igualdad de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, por lo que solo alcanzó a "poco más de 600.000 personas a nivel nacional y apenas 30.000 en Castilla y León", a pesar de que las estimaciones realizadas por el Gobierno de España señalaban a 2,5 millones de personas como destinatarias de esta prestación social.
La nueva Ley incluye así "mejoras" para UGTCyL como la referencia al complemento de ayuda a la infancia, la ampliación de la cobertura a jóvenes que hayan estado tutelados por entidades públicas, el hecho de que en el cómputo de las rentas del año en curso no se tenga en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo o que las personas trabajadoras en paro que agoten el subsidio por desempleo puedan acceder automáticamente al IMV.
Sin embargo, a pesar de estas mejoras, desde UGTCyL consideran que "hay una serie de aspectos que siguen sin tenerse en cuenta en la Ley, a pesar de su importancia, como la ampliación, sin excepciones, de la edad mínima de solicitud de los 23 a los 18 años o la devolución a la gestión pública de la certificación de situación de vulnerabilidad que determina el acceso a la prestación", dado que "privatizar parte de la gestión no es la solución más adecuada para encubrir los déficits que ha puesto al descubierto esta prestación".
