A pesar de las últimas subidas del precio de la luz, el coche eléctrico sigue saliendo a cuenta. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su precio se amortiza en cuatro años frente a un coche similar con motor de gasolina. Sin embargo, sus ventas no terminan de despegar, en buena parte como consecuencia de la falta de estaciones de recarga, tanto en las ciudades como, sobre todo, en las carreteras.
La Delegación de OCU en Castilla y León advierte que las carreteras de la región distan mucho de tener una red completa de electrolineras: es excepcional encontrar estaciones de carga rápida o semi rápida cada 50 km, tal y como sería deseable para garantizar la carga durante un viaje. Lamentablemente, no es un problema exclusivo de la región: según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en España solo hay 1,3 puntos de recarga rápida o semi rápida por cada 100 km de carreteras, tres veces menos que en Francia y diez veces menos que en Portugal.
OCU recuerda la necesidad de que las electrolineras tengan enchufes con una potencia que permita una recarga aceptable en un plazo breve de tiempo. Por ejemplo, en media hora, un punto de carga rápida (de al menos 43 kW) permite recargar la batería para recorrer al menos 250 km, mientras que uno de carga semi rápida (al menos 22 kW) recargarían la batería para seguir 100 km más.
La falta de puntos de uso público de recarga rápida o semi rápida también es habitual en las ciudades, donde se reparten por aparcamientos, gasolineras, hoteles, centros comerciales, concesionarios de coches... En las capitales de provincia y que funcionen, según Electromaps, solo hay 3 en Soria y Zamora; 5 en Ávila y Palencia; 6 en Segovia; 8 en Salamanca, 11 en Burgos; y 19 en Valladolid. Carecen de este tipo de electrolineras de carga rápida o semi rápida poblaciones importantes como Briviesca, Burgo de Osma, Cacabelos, Ciudad Rodrigo, Guardo, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Olmedo, Peñaranda de Bracamonte, Toro o Villamuriel de Cerrato.
La Delegación de OCU en Castilla y León quiere reunirse con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para tratar el problema. Considera que los ayuntamientos, las diputaciones y la comunidad autónoma deben facilitar la tramitación de licencias para instalar puntos de recarga rápida. Las compañías eléctricas critican que las autorizaciones necesarias, especialmente las municipales, están tardando hasta 12 meses en tramitarse (24 meses cuando son de recarga rápida), cuando la instalación de un punto de recarga apenas lleva dos semanas.
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