El Pleno municipal del Ayuntamiento de Zamora celebrado este jueves acordó iniciar los trámites para la liquidación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria con la UTE Zamora Limpia, en la que se incluye el informe de control interno de la viceintervención en el que se fija la existencia de una deuda de la concesionaria con el Ayuntamiento cuantificada en 9.750.708,02 euros, al haberse efectuado, según el Consistorio, cobros indebidos por esa cantidad por parte de la UTE Zamora Limpia.
Durante el Pleno municipal, el alcalde de la ciudad Francisco Guarido advirtió que lo principal es recuperar ese dinero, pero también depurar las posibles responsabilidades de autoridades y funcionarios municipales por estos denunciados pagos indebidos.
Ante esa advertencia realizada por el primer edil, el interventor municipal, López Parada recuerda, a través de su abogado, que desde su incorporación al Ayuntamiento de Zamora en 2003, y mientras pudo ejercer las funciones de fiscalización previa hasta noviembre de 2017, reparó o informó desfavorablemente las revisiones de precios del contrato cuando pretendían aumentos por encima de lo pactado, así como las facturas pagadas a la empresa una vez el contrato devino nulo por haber terminado el plazo máximo en 2014, cuyos acuerdos se adoptaron por las autoridades municipales contando con el informe favorable de otros funcionarios, pero no del interventor.
Hay que recordar que el contrato se firmó en el año 2000 y hasta ahora, momento en el que se ha iniciado la resolución, se realizaron cuatro revisiones de contrato que subieron su cuantía. La última revisión y consiguiente subida se produjo ya con Francisco Guarido como alcalde de la ciudad, y con el contrato ampliamente caducado, dado que el equipo de Gobierno de Izquierda Unida ha necesitado siete años de su mandato para sacar adelante un nuevo contrato.
En todos estos años, el interventor López Parada ha informado a órganos externos como el Ministerio de Hacienda, la Intervención General de la Administración del Estado o el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y finalmente al Tribunal de Cuentas el pasado mes de julio de 2021, “tras descubrir irregularidades en las amortizaciones e informar al Alcalde en abril de 2021, por lo que este Tribunal sigue una investigación judicial para determinar el alcance del posible menoscabo de los fondos públicos y las autoridades o funcionarios que en su caso deban responder con su patrimonio personal”, explica el abogado del interventor municipal.
“Lo mismo que pasa en el asunto de parques y jardines, que también se investiga en el Tribunal de Cuentas por una denuncia del Sr. López Parada de enero de 2021, por un reparo anteriormente obviado de agosto de 2020, en ambos casos resulta muy revelador que los informes municipales que se realizan internamente y que luego se remiten a la Policía, a los Juzgados o Tribunales, escondan o silencien la verdadera actuación del Interventor y sus reparos que fueron sistemáticamente obviados, lo que contribuye a desdibujar la responsabilidad de quienes actuaron contra el criterio del funcionario legalmente competente para controlar el uso de los fondos municipales”, sigue esgrimiendo el abogado del interventor municipal.
Hay que recordar que López Parada viene siendo apartado de sus funciones desde diciembre de 2017, estando pendiente la ejecución judicial de la sentencia que le permitirá recuperar, entre otras, funciones de fiscalización previa, “pues el Ayuntamiento se niega a cumplirla”, lamenta el entorno del interventor, que agrega: “desde enero de 2018 el funcionario ha cursado varias bajas médicas por su situación laboral de presiones y represalias para impedirle realizar su trabajo con independencia de criterios políticos, o de otros funcionarios sin competencia en el control de los fondos públicos, por lo que bien puede decirse que la defensa de su trabajo y obligaciones legales le está costando la salud”.
Así, precisamente en el asunto de basuras, según el letrado del interventor, Guarido le impidió hacer el informe de control una vez que formulara su denuncia al Tribunal de Cuentas, “bien parece que para evitar que salieran a la luz sus informes desfavorables, máxime cuando se comprueba que el informe realizado no menciona ningún reparo de aquel ni una sola vez”, intuyen, a la vez que recuerdan: “Con todo, el funcionario sigue colaborando con el Tribunal de Cuentas en el asunto de parques y jardines, y en el de basuras, y a disposición de cualesquiera otras autoridades administrativas o judiciales que sean competentes para aclarar las presuntas responsabilidades en el uso de los fondos municipales, en el entendimiento de que no debe lealtad a las autoridades o funcionarios que los menoscaban sino a la legalidad que los disciplina, y finalmente al esfuerzo de quienes los aportan como ciudadanos o contribuyentes”, zanja el abogado del interventor.
