Las ayudas gestionadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) financian los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación temporal de desempleados que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
Son las entidades locales las que formalizan estos contratos, que están vinculados al desarrollo de obras o servicios de utilidad pública y / o de interés social. En concreto, los empleos generados se vinculan a proyectos medioambientales –relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la depuración de aguas, el control de la contaminación y la conservación de zonas naturales, entre otros–; a la mejora de espacios públicos urbanos y áreas recreativas; a iniciativas de promoción de la cultura y el turismo locales, o al despliegue de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
De esta forma, el objetivo de estos incentivos es doble. Por un lado, contribuyen a mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, ya que obtienen una experiencia laboral. En segundo término, constituyen una herramienta de colaboración con las entidades locales para acometer proyectos de interés general que ayuden a dinamizar la economía del medio rural.
La convocatoria de este ejercicio tenía un presupuesto inicial de cinco millones de euros y se ha ampliado hasta cerca de siete millones para llegar a más beneficiarios. Esta ampliación del crédito, que está cofinanciado al 50 % por el FSE de acuerdo con el Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, ha permitido conceder subvenciones a 822 municipios –frente a los 796 que la recibieron en 2018– para financiar la contratación de 1.318 personas con discapacidad –52 más que hace un año–.
