Los empresarios de las estaciones de servicio están mostrando durante los últimos días su preocupación por el informe publicado el pasado día 2 de abril, en el que una Comisión de Expertos para la Transición Energética apuesta por el encarecimiento de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6 %.
Este informe, bajo la excusa del compromiso de España en materia de cambio climático, apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la UE, “demostrando el escaso conocimiento del sector del transporte”, en el que se ha reducido la emisión de gases contaminantes por encima del 80 % gracias al uso de aditivos y la constante evolución de las mecánicas diésel.
Desde este colectivo hacen hincapié en “el daño económico que la medida anunciada supondría para el sector”, ya que más del 60 % de las ventas de gasóleo en la provincia se despachan a autónomos y profesionales del transporte, principalmente en ruta hacia Portugal.
Esta medida crearía de inmediato un “efecto frontera” en nuestra provincia, ya que los transportistas en rutas internacionales dejarían de repostar en las estaciones de servicio de la zona para hacerlo en las de nuestro país vecino, donde su gobierno está potenciando la venta de combustibles en zonas fronterizas mediante una bajada de impuestos, que ya se llevó a cabo en septiembre de 2016 en las zonas limítrofes con las provincias de Zamora, Salamanca, Badajoz y Huelva.
La implantación de esta medida supondría la destrucción de puestos de trabajo en las estaciones de servicio de carretera, así como una gran pérdida económica, no solo para los propios empresarios del sector, sino también para toda la provincia, que dejaría de recaudar los impuestos con los que está gravado el gasóleo de automoción y que, recordamos, suponen casi el 50 % del precio de cada litro de combustible.
