El pasado día 20 de diciembre de 2019, el colectivo docente e investigador contratado laboral de las universidades públicas de Castilla y León conoció la respuesta que la Consejería de Educación ha dado al Procurador del Común, en relación con el requerimiento que había hecho a la Junta, “para poner fin a la discriminación” que supone que el personal docente PDI no esté percibiendo -ya- la totalidad de los complementos retributivos por méritos docentes (quinquenios), y también de productividad por actividad investigadora (sexenios). La Consejería ha aceptado las propuestas y peticiones del Procurador del Común, pero ha establecido determinados condicionantes para el pago efectivo de los complementos exigidos.
Educación plantea alcanzar acuerdos en el seno de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del PDI Laboral, cuyas negociaciones están rotas desde el mes de abril. En concreto, la Consejería afirma que “la modificación del Decreto 67/2013, de 13 de octubre, se llevará a cabo, por una parte, cuando se resuelvan las dificultades derivadas de las sucesivas prórrogas presupuestarias y, por otra, cuando se alcance un acuerdo entre las partes y se suscriba el III Convenio Colectivo”.
Pero CSIF, según la interpretación del vicepresidente del sector autonómico de Educación de CSIF, Roberto Fernández, entiende que no sería necesaria ninguna actuación previa a nivel de negociación colectiva, pues bastaría con una reforma del Decreto 67/2013 o del Decreto 132/2002, para que la disposición transitoria cuarta del II Convenio Colectivo deje de producir efectos jurídicos, al resultar de aplicación lo reconocido en la norma reglamentaria de rango jerárquico superior.
A este respecto, esta organización sindical independiente tuvo una reunión el pasado 3 de enero de 2020 con la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés, en la que esta trasladó su voluntad de abonar los quinquenios y sexenios por ser de justicia. Sin embargo, remarcó las dificultades económicas existentes para pagarlos de una sola vez, por la prórroga de los presupuestos, de manera que se está estudiando, junto con las universidades, fórmulas para que el abono de la totalidad de estos complementos se realice a lo largo de la legislatura.
Roberto Fernández ha trasladado el malestar del colectivo afectado, que lleva ya muchos años percibiendo unas retribuciones inferiores a las que tendría derecho, “de manera que le hemos pedido a la Consejería de Educación que trate este asunto con carácter preferente, y que haga el esfuerzo de financiar, inmediatamente, el pago de todos estos complementos”.
Asimismo, el Procurador del Común apuntaba en su resolución que la alteración del Decreto 67/2013 se lleve a cabo a través de un proceso participativo, que propicie que esa modificación sea el resultado del acuerdo de todos los agentes afectados, es decir, la Administración autonómica, las universidades y los representantes sindicales. Para la Consejería de Educación, el acuerdo garantizará el cumplimiento de la propuesta del Procurador del Común.
Al respecto, CSIF considera que la mejor forma de cumplir la resolución del Procurador del Común es la presencia de la Consejería de Educación en las negociaciones del III Convenio Colectivo, a lo que la viceconsejera no se ha negado rotundamente, como hasta ahora, sino que ha señalado que lo están estudiando, aunque no asumirían la presidencia de la mesa negociadora.
Finalmente, las universidades públicas se han comprometido a convocar en la segunda quincena de enero a la Comisión Paritaria del II Convenio Colectivo del PDI Laboral, “donde tendremos que tratar este asunto, y CSIF llevará cuantas iniciativas resulten necesarias para cumplir las condiciones, innecesarias reiteramos, que ha solicitado la Consejería, con el fin de lograr alcanzar un acuerdo que permita el pago a la mayor brevedad posible de estos complementos”.
