El Gobierno aprobará antes de que finalice 2022 un “incremento gradual” de la base máxima de cotización, “acompasada de una adaptación de la pensión máxima” para mantener el carácter contributivo del Sistema, que se implementará a lo largo de las próximas tres décadas. Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea, cuyos detalles se conocieron hoy.
Dentro de la reforma en pensiones -componente 30- se recoge esta medida, que el Gobierno justifica por la desigualdad salarial y para “reforzar los ingresos del Sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad”.
Explica que la desigualdad depende hoy mucho menos de la tradicional dicotomía entre rentas del capital y rentas del trabajo y los salarios más elevados “se pueden conceptuar como rentas del capital humano”.
En este sentido, apunta que el aumento de la desigualdad salarial en las últimas décadas se ha producido en buena medida por una ampliación del abanico salarial y particularmente por un incremento de los ingresos salariales y no salariales en los extremos de la distribución. Así, este aumento de los salarios en la parte más alta “no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC y requiere de una adaptación que tenga en cuenta la evolución de toda la distribución”.
Por ello, plantea una “adecuación gradual” de las bases de cotización máxima que “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del Sistema”. Defiende que acomodar la evolución de las bases máximas conforme a una senda “muy gradual y conocida de antemano” permite a los agentes económicos adaptarse adecuadamente.
El componente 30 también recoge las medidas que ya ha trasladado el Gobierno de actualizar las pensiones con una fórmula que tome como base el IPC, sustituir el Factor de Sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, adecuar el periodo de cómputo para calcular la base reguladora de la pensión de las carreras profesionales “contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar” en las carreras más largas o alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal fomentando que el retiro se haga más tarde y penalizando más la jubilación anticipada.
Respecto a esta última medida, el Gobierno admite que “supone una reducción importante del gasto anual y aumenta la población activa en periodos en los que se va a producir una disminución de la población en edad de trabajar”. Además, “los empresarios también podrían obtener beneficios en la cotización”.
