La futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zamora tendrá que ajustarse a las nuevas exigencias aprobadas este martes por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones que deben cumplir estas áreas para evitar que se conviertan en delimitaciones territoriales sin restricciones reales al tráfico y obliga a los ayuntamientos a aplicar un régimen sancionador efectivo, sin recurrir a periodos transitorios que retrasen la imposición de multas.
La decisión llega en un momento en el que Zamora continúa sin haber culminado la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones. El Consejo de Cuentas de Castilla y León ya advirtió en marzo de 2026 de que la capital zamorana era una de las dos ciudades de la comunidad que todavía no habían completado el proceso, junto con Palencia. En el caso de Zamora, el organismo fiscalizador constató que ni siquiera se había aprobado inicialmente la ordenanza municipal, que permanecía en fase de redacción.
La situación tampoco había cambiado en septiembre. El concejal de Movilidad, Pablo Novo, reconoció entonces que el Ayuntamiento no disponía de un calendario para poner en funcionamiento la ZBE y aseguró que su implantación no era una prioridad para el equipo de Gobierno. "No puedo dar una fecha exacta porque no la tenemos a día de hoy", afirmó.
La nueva regulación estatal introduce un cambio importante para el modelo que ha defendido el Consistorio zamorano. El alcalde, Francisco Guarido, explicó el pasado mes de marzo que la zona se aplicaría de una forma "descafeinada", de manera que las restricciones efectivas a la circulación solo se activarían si se registraban niveles de contaminación que justificasen limitar el tráfico.
El planteamiento municipal pasa por evitar restricciones permanentes a los vehículos y aprovechar las actuaciones urbanísticas ya ejecutadas, como la semipeatonalización del entorno de la avenida del Ferrocarril, la plaza de Puebla de Sanabria y distintas calles del centro, además de los caminos escolares seguros en Los Bloques y Jacinto Benavente.
Sin embargo, el Gobierno pretende garantizar que las ZBE dispongan de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los incumplimientos. La modificación del Real Decreto 1052/2022 exige a los ayuntamientos acreditar documentalmente que las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor, atendiendo al potencial contaminante de los vehículos. También deberán demostrar que funcionan los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.
