Las infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Castilla y León a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como ley mordaza, cayeron el pasado año en la Comunidad un 14,5 por ciento, hasta las 12.272, frente a las 14.377 de 2024. Este descenso fue similar al registrado en el conjunto de España, donde se contabilizaron 201.266 sanciones, lo que supone un 16,1 por ciento.
Con esta disminución, tanto en Castilla y León como en España, se rompe una tendencia al alza que se viene manteniendo desde 2016, primer año completo de la implantación de esta ley, cuando se tramitaron en la Comunidad 6.731 infracciones relacionadas con estupefacientes, por una cuantía de algo más de 3,6 millones de euros, mientras que el pasado año las multas superaron los 8,9 millones, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Ical.
Aunque casi la totalidad de las sanciones son por consumo o tenencia, esta ley también contempla infracciones a la plantación de drogas, artículo por el que se tramitaron ocho infracciones, el traslado a personas con cualquier tipo de vehículo con el objetivo de facilitar su acceso a estupefacientes (dos) y la falta de diligencia de los propietarios a la hora de impedir el consumo o tráfico en establecimientos públicos (nueve).
Las sanciones relacionadas con las drogas suponen seis de cada diez multas impuestas por la llamada ‘Ley Mordaza’ (63,3 por ciento). En total, el pasado año se impusieron en la Comunidad 19.460 multas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 12,9 por ciento menos que en 2024 . En total, la recaudación de las sanciones superó los 12,4 millones de euros.
Por provincias, Valladolid se situó en cabeza el pasado año con 2.564 infracciones (5,6 por ciento), una más que en la provincia de Burgos (-10,3 por ciento). En el extremo opuesto se situaron Ávila, con 653 (-20,5 por ciento), Palencia, con 688 (-35,8 por ciento), y Zamora, con 957 (-39,6 por ciento). En León, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tramitaron 1.605 infracciones (-11,1 por ciento); en Segovia, 1.217 (16,1 por ciento), y en Salamanca, 1.019 (-47,3 por ciento).
Después de las drogas, el mayor número de sanciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana estuvo relacionada con las armas. La ley, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas se interpusieron en la Comunidad 2.873 sanciones, 188 más que en 2024 (siete por ciento), por las que el Estado recaudó casi dos millones de euros.
Falta de respeto
La tercera infracción más común en la Ley Mordaza es la falta de respeto a los agentes. El pasado año se tramitaron 1.784, lo que supone una caída del 13 por ciento con relación a 2024. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad. Además, las infracciones por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, ascendieron a 1.340 (-21,2 por ciento).
El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción.
Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado. No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.
