La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene garantizando el mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad mediante la concesión de subvenciones directas destinadas a paliar el déficit de explotación de sus empresas concesionarias del transporte público regular de viajeros por carretera. Es un esfuerzo presupuestario imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector, que se encuentra muy atomizado, pero a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de nuestras ciudades y pueblos. Se trata de subvenciones a 243 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 131 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.
Por ello, con objeto de posibilitar una adecuada oferta de movilidad, se hace necesario instrumentar una serie de ayudas que permitan el mantenimiento del servicio público de transporte por carretera, compensando a los operadores por la prestación de dichos servicios.
La ayuda global de la Junta es de 32,1 millones de euros repartidos en dos pagos. En el caso de la provincia de Zamora, la ayuda asciende a los 2,45 millones de euros, de los que 1,7 millones de euros llegan en este segundo pago.
En este sentido, es preciso recordar que la Junta de Castilla y León ha mantenido toda la oferta de transporte público de viajeros que se viene prestando al 100 % en todas sus franjas horarias, en relación con la oferta que había con carácter previo a la pandemia. Esto es así a pesar de la reducción de la demanda, pero se ha optado por mantener los servicios en las mismas condiciones con la finalidad de lograr un escenario de normalidad en la prestación del servicio público de transporte dada su transcendencia en la conectividad y la movilidad de los núcleos rurales y de las ciudades.
En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos. Así mismo, a la subvención se ha incorporado la puesta en funcionamiento del bono rural gratuito, que se inició en el mes de abril y que ya está implantado en 76 zonas y cerca de 2.800 localidades.
Las formas de movilidad derivadas de la pandemia han tenido una influencia directa en la utilización del transporte público de viajeros por carretera, produciendo una minoración muy importante de los usuarios y, con ello, una reducción de los ingresos de las concesiones de transporte. En este contexto la prioridad es preservar el modelo de movilidad pública existente en Castilla y León, y el mantenimiento del tejido productivo y nivel de empleo existente. En definitiva, se trata de servicios públicos esenciales cuyo principal objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos en condiciones de igualdad en todo el territorio de Castilla y León.
Estos 32,1 millones de euros son el reflejo del compromiso de la Junta de Castilla y León con la movilidad pública, el medio rural y las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera, como garantes de la prestación de un servicio público esencial para la ciudadanía, a través de la continuidad de su actividad y de los puestos de trabajo vinculados a la misma.
