La Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL, ha presentado una querella criminal contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa por delitos de infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por homicidio imprudente grave.
Una querella criminal que viene motivada por la gestión que se ha llevado a cabo desde ambos ministerios en el Estado de Alarma decretado a raíz de la crisis sanitaria motivada por la pandemia del COVID-19.
Desde JUCIL, su portavoz, Ismael Guerrero, ha explicado que "a pesar del alto riesgo de contagio" que ha quedado más que demostrado que tienen los Guardias Civiles, "al estar en primera linea de batalla contra esta pandemia", el Gobierno y más en concreto los ministros del Interior y de Sanidad, "no han aceptado las peticiones realizadas por esta asociación para que se incluyera a la Guardia Civil dentro de los colectivos de riesgo alto de contagio".
Una situación, que según afirma Guerrero, ha provocado incluso "el fallecimiento de cuatro miembros del instituto armado". Motivo por el cual desde JUCIL "hemos tenido que tomar esta decisión de presentar una querella criminal por homicidio imprudente grave contra el ministro del Interior y contra el ministro de Sanidad".
Aumenta el número de infectados
Según datos del propio Ministerio del Interior, 239 guardias civiles están contagiados por COVID-19, de los cuales cuatro han sufrido un fatal desenlace a causa de esta enfermedad. Contagios que para JUCIL se deben directamente a la falta de material de protección que ha sufrido la Guardia Civil al ser considerada dentro del plan de actuación contra el coronavirus como personal de baja exposición a la enfermedad.
Negligencia por omisión
Desde JUCIL ven completamente incomprensible la gestión que ambos ministerios han tomado en relación con la pandemia, frente a la que no se han empezado a tomar medidas hasta el decreto del Estado de Alarma en el mes de marzo, a pesar de tener comunicaciones de la OMS y de otros organismos sanitarios desde el pasado mes de enero, advirtiendo de la gravedad del virus y de las consecuencias que podía tener en España.
No entendemos como "los ministros de Sanidad e Interior desoyeron todas las advertencias lanzadas desde las organizaciones sanitarias internacionales, incluyendo en una situación de grave riesgo para la salud de todos los Guardias Civiles, y en definitiva de todos los españoles".
Además, desde la Asociación Profesional de la Guardia Civil se ha criticado también "el caso omiso que los ministros han hecho de las advertencias y peticiones que desde esta organización se han lanzado en múltiples ocasiones tanto a los ministerios como la Dirección General de la Guardia Civil".
Unas advertencias que iban encaminadas a la protección de los agentes de la Benemérita, que "han venido desarrollando su trabajo en esta crisis sanitaria, en primera línea de batalla, con una profesionalidad encomiable a pesar de carecer de los equipos de protección y de un protocolo claro y efectivo para evitar contagios por el COVID-19".
