La ministra de Justicia, Dolores Delgado, vuelve a reunirse este jueves con las siete asociaciones de jueces y fiscales, que el pasado 19 de noviembre convocaron un huelga general en sus colectivos, la segunda en tan sólo seis meses, para retomar el diálogo sobre sus reivindicaciones salariales.
Huelga jueces fiscales
Este encuentro se enmarca como continuación al celebrado el pasado 19 de diciembre, en el que los representantes de las cuatro asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-- y las tres de fiscales --Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales-- volvieron a exigir mejoras salariales y profesionales, así como mayor independencia judicial y autonomía del Ministerio Público.
Estas son las principales demandas que los miembros de las carreras judicial y fiscal llevan años defendiendo y que han llevado a movilizarse en dos ocasiones en menos de un año --en la primera de ellas participó la propia ministra cuando aún era fiscal--.
PLENAS NEGOCIACIONES DE PRESUPUESTOS
Con todo ello, tras la insistente petición de las asociaciones en celebrar una reunión, pese a que ya habían hablado en ocasiones anteriores sobre sus principales exigencias y las voluntades del Ministerio de Justicia al respecto, Delgado las citó hace un mes, cuando les manifestó que se encontraba en plenas negociaciones de los presupuestos con intención de alcanzar un incremento de la masa salarial que se pueda destinar a jueces y fiscales en conceptos de retribución variable, guardias y grupos de población.
En este sentido, la titular de Justicia puso sobre la mesa la propuesta de incrementar el sueldo de los jueces y los fiscales de menor categoría, los que mantienen las peores condiciones salariales en ambas carreras. La subida afectaría a 908 fiscales y 789 jueces (1.697 en total) que prestan servicio en los partidos judiciales de menor población, que percibirían 777 euros más anuales cada uno de ellos.
En la última reunión, las asociaciones y Delgado, que estuvo acompañada por el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; también se trataron otros asuntos como los derechos laborales, permisos y licencias que jueces y fiscales recuperarán tras aprobarse un día después la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL
Una reforma que permitirá devolver la dedicación exclusiva a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, acabar con el sistema "presidencialista" impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012.
Si bien, se tumbó las iniciativas introducidas en el Senado gracias a la mayoría del PP y Ciudadanos para cambiar además el sistema de elección de 12 de sus miembros, para que fuesen elegidos directamente por los jueces y magistrados; algo que no ha sido bien acogido por las asociaciones judiciales, ya que es una de sus principales reivindicaciones.
Por último, en la reunión de diciembre, se volvió a manifestar la coincidencia entre la ministra y las asociaciones de la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que pone fecha límite a las instrucciones penales. Pese a que los jueces y fiscales pidieron suprimir este precepto a través de un Real Decreto Ley, Delgado ha destacó que la voluntad de Ministerio y al respecto está siendo impedida por los escollos parlamentarios.
