La titular de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha animado esta mañana a las empresas de Castilla y León a solicitar las ayudas y apoyos financieros que la Junta pone a su disposición para dinamizar la economía y el mercado laboral, con el reto de contribuir a la recuperación tras la crisis del COVID-19.
Lo ha hecho durante su visita a las instalaciones de Lauwood Healthcare, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), una empresa del sector textil que ha reorientado su producción hacia la fabricación de material sanitario y ha logrado crecer y generar empleo en plena pandemia.
La consejera ha recordado que en Castilla y León existe un amplio paquete de medidas extraordinarias, dotado con más de 220 millones de euros y consensuado en el Consejo del Diálogo Social, para la protección del tejido económico y social frente al impacto del coronavirus.
Con más detalle, se ha referido a las subvenciones directas habilitadas por su departamento específicamente para favorecer el mantenimiento y la creación de empleo. Ha precisado que en el último mes y medio la Consejería ha tramitado casi 280 peticiones de empresas interesadas en obtener una ayuda para reforzar sus plantillas; todo ello en un contexto de incertidumbre, baja actividad económica y condicionado por las restricciones decretadas por el estado de alarma hasta el 21 de junio.
Se trata de las solicitudes recibidas por la Junta para la línea de ayudas que financia las contrataciones realizadas a trabajadores que han perdido su empleo durante el estado de alarma –con una dotación prevista de 1,7 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo– y para la que apoya a las pymes que han tenido que contratar personal para hacer frente al incremento de producción y atender la demanda del mercado –con un crédito comprometido de tres millones de euros–.
Conforme a la regulación del primer programa, la subvención puede alcanzar hasta los 10.000 euros por cada contrato indefinido, mientras que para el segundo se fijan tres tipos de incentivos: de hasta 3.500 euros por cada contrato temporal con cláusula de interinidad, para las empresas que han debido cubrir sustituciones de trabajadores que han causado baja temporal por enfermedad o han reducido su jornada por necesidades de conciliación; de hasta 5.000 euros para contratos en prácticas, y finalmente de 10.000 euros para cada contrato indefinido ordinario a tiempo completo realizado a personas en situación de desempleo.
