La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha advertido de que la vuelta paulatina a los juzgados y la reanudación de los plazos procesales a partir del 4 de junio tras el parón por la pandemia se realiza sin las medidas de seguridad y protección a la salud adecuadas.
En los últimos días se han detectado casos de COVID 19 al menos en Madrid, Andalucía y País Vasco, así como el cierre del Registro civil central y una sección penal de la Audiencia Nacional. No descartamos que pueda haber más.
Esta información junto con la de la evolución de casos COVID 19, conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, debe ser trasladada a las organizaciones sindicales de forma puntual por el Ministerio que desde el 23 de abril oculta estos datos, así como las medidas adoptadas en cada uno de ellos. La información que tenemos la conseguimos sobre el terreno gracias a la red de delegados activos del sindicato.
Desde el próximo 9 de junio las plantillas estarán incorporadas al 100% pero hasta el mes de agosto, el Ministerio no garantiza una mascarilla por funcionario y día y las mamparas de separación no están instaladas en su totalidad. El uso de mascarillas es una obligación en espacios cerrados y mal ventilados como son los Juzgados y oficinas fiscales la mayoría situados en edificios viejos o enfermos.
Por otro lado, el Ministerio sigue sin determinar los aforos máximos dentro de las sedes judiciales ni traslada información sobre la medición de espacios que debe realizar para fijar los mismos.
Asimismo, CSIF denuncia que, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, el Ministerio sigue sin establecer protocolos de actuación para la realización de diligencias judiciales fuera de la sede de los Jugados, para la celebración de vistas y juicios, para la deambulación de personas dentro de los edificios y control de entrada o para el manejo de expedientes, piezas de convicción o paquetería.
El Ministerio de Justicia utiliza el estado de alarma para derogar “de facto” derechos fundamentales
Lo viene haciendo con el derecho de libertad sindical y negociación colectiva desde el 14 de marzo, pero se está agudizando en las últimas semanas. Mientras el Ministro de Justicia habla en el Congreso de los Diputados en nombre del sector justicia y presume de consenso y diálogo, la realidad es bien distinta.
El Ministerio de Justicia está ocultando a los trabajadores sus planes para la Administración de Justicia y se ha negado a negociar la aplicación el teletrabajo que se está ejerciendo de forma precaria aprovechándose el Ministerio de la buena voluntad de los funcionarios/as
Abducido por su plan Justicia 2030 no se da cuenta de que la Justicia 2020 está patas arriba y que los funcionarios/as de Justicia necesitan medios materiales y personales hoy, y no dentro de 10 años. En este sentido, CSIF denuncia que ni siquiera haya querido escuchar las propuestas de planes de actuación, dotación de plantillas o refuerzo de medios materiales y personales en la Administración de Justicia para hacer frente al reto de la reactivación de la actividad judicial y del incremento de los casos derivados del COVID 19.
Para CSIF, se ha perdido un tiempo precioso de forma lamentable. Desde el 13 de abril se podría haber trabajado en la recuperación de la actividad, pero la falta de voluntad del Ministerio para escuchar las propuestas sindicales ha impedido ponerlas en práctica.
Durante toda esta crisis el Ministro sólo ha participado en media reunión con los sindicatos que representan al 85% del personal de Justicia mientras no tiene ningún problema en reunirse con todo tipo de asociaciones, organismos, instituciones etc.. de todo tipo. Ese es el valor que le da el Ministro de Justicia a sus trabajadores cuya salud, además, no ha protegido durante esta pandemia.
CSIF exige un cambio de actitud inmediata al Ministerio de Justicia o en caso contrario no dudará en iniciar movilizaciones contra lo que consideramos el mayor atentado al derecho fundamental de libertad sindical de la democracia.
