La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera la necesidad de refundar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ante el repunte víctimas mortales (15 en menos de tres semanas y cuatro de ellas solo en un día).
Ante estos datos, CSIF emplaza a las formaciones políticas a que analicen en profundidad el Pacto de Estado para detectar posibles fallos en los protocolos de prevención (el 40 por ciento de las mujeres asesinadas el pasado año había denunciado previamente a su agresor), implantar mejoras en la coordinación de los diferentes ámbitos y administraciones (policiales, judiciales, sociales, etc.) y aumentar los recursos públicos. Confiamos en que la reunión de la subcomisión que se celebrará previsiblemente la semana que viene sea un primer paso.
De entrada, debemos alcanzar un acuerdo fundamental para que la violencia de género deje de ser objeto de confrontación entre formaciones políticas y en el seno del propio Gobierno de coalición. A este pacto deben incorporarse de nuevo todos los ámbitos de la sociedad involucrados (educativos, medios de comunicación, redes sociales, entre otros) para cerrar cualquier espacio de impunidad a los agresores.
En este sentido debemos reforzar las políticas de concienciación y educativas e incorporar el ámbito laboral a la estrategia creando la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la Violencia de Género para acompañar y asistir en el centro de trabajo, tanto en la administración pública como en la empresa privada, a las víctimas.
CSIF tiene habilitadas sus sedes sindicales de toda España como “Puntos Violeta” contra la violencia machista; una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarnos a las mujeres víctimas, facilitando información y asesoramiento. Además, nuestros delegados/as sindicales continúan velando en los centros de trabajo por la implementación de protocolos contra el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo.
En la misma línea, debemos reforzar la prevención y actuación en el ámbito laboral mediante la negociación e implantación de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo (aún pendientes de poner en marcha en muchos centros de trabajo), programas de formación en toda la administración pública para el personal implicado en la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como la puesta en marcha de protocolos específicos de actuación ante situaciones de violencia de género.
Las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental desde sus diferentes ámbitos en la lucha contra este problema: la Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales… son la columna vertebral de nuestro sistema de protección y el engranaje de todas las medidas que contempla la Ley Integral. Por tanto, deben de estar dotadas de personal, medios y financiación suficientes si realmente queremos ser efectivos dando apoyo a las mujeres maltratadas y poniendo cerco al maltratador.
Igualmente, desde CSIF reclamamos el desarrollo del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, que lleva dos años de retraso, donde se contempla un procedimiento de actuación para que la Administración ofrezca asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que sufran violencia de género, así como la puesta en marcha del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo.
El III Plan de Igualdad también contempla promover la movilidad para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Sobre este punto, CSIF manifiesta su preocupación por la ausencia de datos, entendiendo que la violencia de género es una realidad que, seguramente, no se está abordando de manera efectiva desde nuestras administraciones por falta de medios y recursos.
En resumen, CSIF reclama la inmediata puesta en marcha de las siguientes iniciativas:
-Relanzar el Pacto de Estado contra la violencia de género y hacerlo permanente.
-El desarrollo de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género como parte de una nueva estrategia para detectar y ayudar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, posibles víctimas de violencia de género.
-Puesta en marcha de programas específicos en toda la administración pública en materia de formación en asistencia a las víctimas y especialización en los perfiles.
-Implementar protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo en todos los centros de trabajo.
-Aplicar un Protocolo de Movilidad para mujeres víctimas de violencia de género, sin menoscabo de sueldo y promoción profesional en todas las administraciones públicas, así como incorporar a la estadística nacional los datos de movilidad.
-Impulsar la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista.
