En España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías que, según el portal inmobiliario www.pisos.com, tienen un elevado coste de oportunidad para todos. Sus propietarios están dejando de ingresar una media de 7.128 euros anuales y la Hacienda Pública unos 4.000 millones de euros.
El alquiler constituye la solución más efectiva a este problema. Mediante esta fórmula, los propietarios podrían obtener unos ingresos extra cercanos al salario mínimo mensual: 594 euros de media. Esta cifra llegaría a alcanzar los 942 euros mensuales en el caso de los inmuebles situados en la Comunidad de Madrid.
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “rentabilizar la inversión que supone la compra de un inmueble o ayudar al pago de la hipoteca son algunas de las principales razones para poner en alquiler un piso, pero hay más. Gastos fijos como el IBI, la comunidad o los suministros mínimos de luz y agua suponen un desembolso anual considerable para los propietarios. Además, una casa habitada se mantiene en mejores condiciones que una vacía”.
El directivo señala que “hoy en día existen numerosas herramientas que permiten alquilar con todas las garantías, proporcionando seguridad a los propietarios ante posibles impagos o destrozos en la vivienda, por lo que no tiene sentido dejar inactivo un parque de viviendas que cuesta mantener. Es un mal negocio para todos”.
Los propietarios de viviendas vacías en Madrid (11.304 €/año), País Vasco (10.668 €/año), Baleares (8.616 €/año) y Cataluña (8.100 €/año) son los que más beneficio anual podrían sacar de sus casas vacías con esta fórmula. “Se trata de comunidades autónomas con una alta demanda, tanto residencial como vacacional”, señala el Alemany.
Atendiendo al conjunto, Andalucía es la comunidad autónoma que más deja de ingresar con estos inmuebles. Por el total de viviendas vacías la región pierde 4.098.605.472 euros brutos anuales. Le siguen la Comunidad Valenciana (3.654.389.844 €), Cataluña (3.631.683.600 €), Madrid (2.976.105.816 €) y Galicia (1.699.371.696 €). En total, se estima que en el conjunto del Estado se pierden más de 24.544 millones de euros anualmente.
