La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral en Castilla y León, ha puesto en marcha un programa de salud en el trabajo para prevenir los accidentes por patologías no traumáticas como infartos o ictus. Para ello, desde el departamento que dirige Mariano Veganzones se va a promover la creación de un sello de ‘Empresa Cardiosaludable de Castilla y León’ que distinguirá a aquellas empresas que tomen medidas para prevenir los accidentes por estas patologías.
Dentro de este programa, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo sacará una línea dotada con una cuantía inicial de 500.000 euros para subvencionar las acciones contenidas en los planes de bienestar que diseñen e implanten las empresas. Estas medidas se dirigirán a la compra de equipos desfibriladores que puedan ser utilizados en casos de parada cardiorrespiratoria, y otras actuaciones que mejoren los hábitos y estilos de vida saludable entre los trabajadores.
Las empresas que opten por el distintivo deberán reunir unas condiciones y requisitos previos basados en “acciones y buenas prácticas de vida saludable”. Además de cumplir con las obligaciones legales vigentes, las empresas que participen de esta distinción adoptarán voluntariamente políticas de protección de la salud integral de los trabajadores.
Esta acreditación permitirá hacer publicidad de la marca e incluso beneficiarse de una mejor valoración en el acceso a subvenciones públicas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Asimismo, se espera que las empresas distinguidas con este reconocimiento sean tractoras y ejemplo para otras muchas.
Por último, para aumentar la eficiencia en el control de riesgos laborales, el departamento dirigido por Mariano Veganzones apuesta por la contratación de técnicos de prevención de riesgos laborales (superiores e intermedios). De esta manera, se pretende que las empresas puedan organizar su propio servicio de prevención, o establecer Servicios de Prevención Mancomunados que permita a las empresas de Castilla y León tener un técnico experto en PRL en sus instalaciones que sea garante e impulsor de cambios en las condiciones de trabajo.
