La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha mostrado su absoluto y contundente rechazo a que las pruebas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia privadas por los riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos, y ha defendido que sean realizadas siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras, enfermeros u otros profesionales, tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente.
Ante las peticiones realizadas públicamente desde alguna organización de los farmacéuticos de que se puedan realizar las pruebas de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia privadas, la Mesa de la Profesión Enfermera subraya que se trata de una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, en todo caso, las enfermeras y enfermeros u otros profesionales sanitarios cualificados.
“Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la Covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura”, señalan desde la Mesa.
En este sentido, SATSE y el Consejo General de Enfermería recalcan que la intención de los farmacéuticos va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad.
Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermería apunta que las oficinas de farmacia no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas, reiterando la necesidad de contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas, una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública.
La realización de este tipo de pruebas es una actuación compleja que no puede hacer cualquiera, es imprescindible que sea un profesional sanitario preparado al respecto como las enfermeras o los médicos. Permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas supone poner en riesgo la salud de los pacientes, porque una persona no cualificada puede extraer una muestra incorrecta y generar un “falso negativo”. Por tanto, permitir a los farmacéuticos llevar a cabo estas pruebas supone un riesgo enorme para la salud pública, además de facilitar la especulación injustificada de la sanidad pública por parte de los farmacéuticos con oficina de farmacia que son empresarios con una cuenta de resultados.
La Mesa considera que las distintas autoridades competentes de la administración no deben dar satisfacción al afán desbordado de los empresarios que tienen oficinas de farmacia por incrementar sus beneficios, debiendo en todo caso destinar a la sanidad pública los recursos y medios necesarios, para asegurar la realización de todas las pruebas necesarias al conjunto de la ciudadanía en los centros sanitarios públicos o aquellos habilitados para tal cometido por parte de profesionales sanitarios, cualificados y siempre en el marco de la sanidad pública.
De otro lado, la Mesa muestra su sorpresa porque algún antiguo responsable del Ministerio de Sanidad y algún partido político se hayan manifestado a favor de la posibilidad de realizar estas pruebas en las oficinas de farmacia, constatando, a juicio de la Mesa, un absoluto desconocimiento de la realidad actual, salvo que dicho posicionamiento favorable a potenciar el negocio de las oficinas de farmacias privadas pueda responder a otro tipo de intereses que no son los sanitarios.
Tanto SATSE como el Consejo General de Enfermería subrayan que esta propuesta por parte de los empresarios de las oficinas de farmacia es un nuevo intento de ampliar su ámbito de negocio intentando realizar unos servicios asistenciales que nos les corresponden y que ya prestan gratuitamente las enfermeras, enfermeros y médicos de nuestra sanidad pública en óptimas condiciones de seguridad y garantías.
“Los farmacéuticos no están teniendo en cuenta el riesgo que conlleva convertir las 22.000 oficinas de farmacia privadas en posibles focos de contagio y propagación del virus, al propiciar la aglomeración de personas en espacios reducidos y que se mezclen posibles contagiados con personas que acuden a cuestiones habituales, como la adquisición de medicamentos u otros productos de venta en las farmacias”, concluyen desde la Mesa.
