El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha presentado el Proyecto de Ley que determina que, en determinados supuestos excepcionales de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, se habiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivados directamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndose para la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar importantes gastos inicialmente no previstos para la Comunidad y cuya realización es absolutamente necesaria para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a aquellos afectados por la enfermedad. También ha sido necesario garantizar la prestación de los principales servicios públicos, cuyas condiciones de exigencia se han visto incrementadas y, finalmente, para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias de la crisis.
El Proyecto de Ley tiene un único artículo que modifica el artículo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, añadiendo un nuevo apartado, en el que se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma.
Así, se establece que el remanente de tesorería estará destinado preferentemente a la reducción del nivel de deuda de la Comunidad, o a la financiación de gastos que no afecten a la capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y autonómicas.
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto una nueva realidad ante la cual ha sido necesario hacer frente a un importante número de gastos no previstos inicialmente por parte de ninguna administración, como ha sido el caso de la de Castilla y León.
Además, este Proyecto de Ley es todavía más necesario ante la insuficiencia de recursos procedentes del Gobierno de España hacia Castilla y León, que ha recortado los criterios iniciales de reparto para sanidad y servicios sociales del fondo no reembolsable constituido por el Gobierno. Estos recortes perjudican a comunidades como Castilla y León que han tenido una mayor incidencia de la pandemia, cuentan con una mayor dispersión territorial y un mayor porcentaje de población mayor de 65 años.
Por ello, desde el punto de vista del régimen presupuestario de las administraciones, se considera necesario establecer mecanismos que garanticen la máxima flexibilidad para atender los gastos que deriven de situaciones de Emergencia de Salud Pública como la vivida actualmente.
